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El Gobierno admite que la salida de la crisis no terminará con la desigualdad

Los bajos salarios y el paro agudizan la pobreza

Reunión del Consejo de Gobierno de ayer. En primer plano, a la izquierda, el comisionado Néstor Hernández.

Reunión del Consejo de Gobierno de ayer. En primer plano, a la izquierda, el comisionado Néstor Hernández. EFE

La recuperación económica de Canarias no supondrá erradicar los niveles de pobreza y exclusión social existentes en las Islas. Un informe elaborado por encargo del Gobierno canario alerta de que la desigualdad es un problema "estructural" vinculado a los bajos salarios y al sistema económico, por lo que hay que adoptar medidas que incidan tanto en el cambio de modelo productivo así como en una distribución más justa de las rentas del trabajo y del esfuerzo fiscal. El informe también hace hincapié en la "inequidad territorial" que padece Canarias, al tratarse de una comunidad especialmente castigada por la reducción de las prestaciones sociales procedentes del Estado.

El comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Néstor Hernández, señaló que en los últimos 15 años se ha duplicado el número de hogares pobres monoparentales con mujeres al frente, los jóvenes es un sector de la población especialmente castigado y el aumento del empleo ha sido más en el trabajo no cualificado y menos en el cualificado, lo que tiene que ver directamente con el modelo económico de las Islas.

Una de las principales conclusiones del informe, realizado por la Fundación de la Universidad de La Laguna, es que la recuperación de la crisis iniciada en 2008 no resolverá los problemas de inequidad, exclusión y pobreza de Canarias, por lo que hay que afrontar los problemas estructurales del sistema económico de las Islas. Hernández alertó también que, mientras la Administración autonómica ha mantenido e incluso aumentado sus servicios para atender a la población más vulnerable, el Estado ha reducido sus aportaciones, siendo la comunidad más castigada por esta circunstancia.

Entre las medidas que contempla el Gobierno para reducir el impacto de la desigualdad se encuentra la introducción de cláusulas sociales en los contratos con la Administración autonómica.

Pobreza energética

El Consejo de Gobierno también conoció ayer un informe sobre la pobreza energética en las Islas, es decir, los dificultades económicas que tienen miles de hogares canarios para pagar el recibo de la luz. Entre los datos más llamativos figura que 125.000 hogares en el Archipiélago se acogen al bono social que les permite obtener un 25% de subvención de la factura eléctrica pero que también hay otros 120.000 familias que podrían entrar en estas ayudas pero que no pueden por problemas derivados de la reforma de un reglamento.

Néstor Hernández incidió en que el Gobierno central debe revisar y modificar la normativa para que los potenciales beneficiarios se puedan acoger a este descuento mediante la actualización de la instalación eléctrica para las viviendas de más de 20 años. En este sentido, se propone modificar la instrucción para eliminar los costes que supone el cambio de titularidad de los contratos de suministro eléctrico.

En la batería de medidas que incluye la estrategia presentada ayer, el Ejecutivo regional propone a las operadoras energéticas la firma de un convenio que incluya un programa de rehabilitación de las instalaciones de las viviendas con familias más vulnerables prefinanciadas por estas empresas o el lanzamiento de una campaña informativa y divulgativa del bono social financiada por las comercializadoras.

Hernández señaló que el año pasado se produjeron 23.000 cortes de luz por impagos pero no se distinguen si son por motivos económicos u otros, por lo que el Ejecutivo pretende conocer de la manos de los ayuntamientos y las compañías el detalle de las familias que sufren una situación de pobreza que les impide abonar los recibos. Asimismo, otro objetivo es que el recibo del agua pueda acogerse también al bono social en determinadas circunstancias.

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