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Bermúdez ve "improbable" que se comprasen los terrenos de Las Teresitas sin saberlo Zerolo

El regidor descarga la responsabilidad de la operación en su antecesor en la Alcaldía

El alcalde José Manuel Bermúdez, ayer, durante su declaración.

El alcalde José Manuel Bermúdez, ayer, durante su declaración. D. PADRÓN

"Es posible, pero en mi caso poco probable, que se ejercite una compra de estas características sin que el alcalde lo sepa". "Yo creo que en un Ayuntamiento que yo presida es poco probable; me enteraría de una operación así". Con estas palabras respondió ayer el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, a la primera pregunta que le formuló la delegada provincial de la Fiscalía Anticorrupción, María Farnés, en el juicio que se sigue por el caso Las teresitas y en que se intenta dilucidar si hubo delito en la operación de compraventa que realizó la Corporación tinerfeña en 2001, cuando al frente de la misma estaba el alcalde Miguel Zerolo. Se adquirieron entonces once parcelas del frente de la playa santacrucera por un total de 5.850 millones de pesetas (52,5 millones de euros) a la sociedad mercantil Inversiones Las Teresitas (ILT), detrás de la cual estaban los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.

El actual alcalde descargó así la responsabilidad de la operación en su antecesor y excompañero de filas en Coalición Canaria (CC) de tal manera que llegó a añadir que en las fechas previas a ejecutarse la operación de compraventa esta "no se debatió en el partido" y tampoco, al menos que él supiera, "se discutió el asunto para fijar una posición política al respecto".

Bermúdez prestó declaración como testigo en el juicio penal que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En el mismo están acusadas trece personas, entre ellas el exalcalde Miguel Zerolo y el exedil de Urbanismo Manuel Parejo por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

El Ministerio Público pide para Zerolo y Parejo una condena de ocho años de prisión para cada uno de ellos y la inhabilitación especial para ejercer cualquier cargo público durante 30 años. Para el resto de los acusados Fiscalía solicita que se les imponga una condena de cuatro años de cárcel por los mismos delitos. Asimismo, reclama a los trece acusados el pago solidario de una indemnización de más de 109 millones de euros.

El alcalde Bermúdez señaló a preguntas de la acción popular que "desde que él está al frente del Ayuntamiento, y con el asesoramiento de los servicios jurídicos, se le reclama a los empresarios de ILT la devolución del dinero pagado en 2001 por la Corporación local a cambio de las once parcelas del frente de playa, cantidad a la que se le debe sumar los intereses devengados de la misma. Según Bermúdez, esta demanda reconvencional se circunscribe al cumplimiento que debe hacerse tras la anulación de la operación de compraventa dictaminada por una sentencia del Tribunal Supremo en 2007. La deuda se cifra en 52,5 millones de euros.

Además el alcalde también hizo referencia al documento que se halló de forma "fortuita" en 2013 en el área de Patrimonio en el que consta que parte de los terrenos adquiridos en 2001 ya eran de titularidad municipal desde 1967.

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