El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y propietario del Grupo Ralons, Miguel Ángel Ramírez, se retracta de las confidencias hechas al juez Salvador Alba durante una reunión celebrada en la Audiencia de Las Palmas que fue grabada por el empresario. Ramírez revela en esa charla actuaciones comprometedoras de varios miembros de la carrera judicial, entre ellos el presidente de la Audiencia Nacional (AN), José Ramón Navarro, con quien asegura haber comido en Madrid para que intercediera a su favor en una causa penal por fraude fiscal, pero ayer emitió un comunicado para aclarar que todas las alusiones hechas a jueces, políticos y periodistas son falsas.
"Quiero pedir disculpas a las personas que puedan aparecer en la grabación, pues las referencias que hago nada tienen que ver con la realidad", sostiene el empresario en la nota de prensa, que fue difundida a través de la agencia Efe, tras publicar LA PROVINCIA / DLP el contenido de una conversación que afecta a José Ramón Navarro, al presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya, y al magistrado de la Sección Sexta Carlos Vielba.
Unas disculpas que van dirigidas de manera expresa a la segunda autoridad judicial del país, el tinerfeño Navarro, quien presidió el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y la Audiencia de Tenerife antes de dar el salto a Madrid. "En particular quiero aclarar que nunca he pedido al presidente de la Audiencia Nacional que intercediese en mi favor, no me he reunido ni he comido con él", añade Ramírez, que zanja con esa alusión su disculpa pública y arremete a continuación contra Alba. "Lo que yo expreso no está basado en hechos reales y lo hago a sabiendas de que estoy grabando. Sin embargo, lo que dice el juez, que no sabe que se está grabando, sí es real y es lo verdaderamente importante", opina Ramírez, con la intención de trasladar todo el peso de la responsabilidad en la actuación de Alba.
Ramírez, en ese sentido, se coloca en la posición de "víctima", incluso afirma que se sentía "condicionado" y "amedrentado" por Salvador Alba, cuyo "único objetivo", enfatiza el empresario, "era orientar una posterior declaración oficial mía ante él en contra de la magistrada Victoria Rosell", apostilla.
Rosell, tras dejar temporalmente el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas para dedicarse a la política, fue sustituida por Alba en la investigación por fraude fiscal que afecta a una de las empresas de Ramírez, Seguridad Integral Canaria. "Dada mi situación, de extrema gravedad, hice todo lo posible por ganarme su complicidad y su confianza adaptando mis manifestaciones, en defensa propia, a lo que interpreté que él quería escuchar", asegura el dueño de Ralons en relación a las intenciones de Alba respecto a Rosell.
Ramírez explica que la conversación se produce en un contexto comprometedor para sus negocios, ya que Alba le había impuesto una fianza de 35 millones que "ponía en riesgo" su "futuro empresarial y personal", así como el de "7.000 trabajadores". Por eso, al ser "citado" a solas de forma extraoficial por el juez en su despacho de la Audiencia de Las Palmas, decidió grabar la reunión, recoge el comunicado. La fianza, según el empresario, es la mayor de la historia judicial de Canarias en fase de instrucción y la sucesora de Alba, Carla Vallejo, la ha rebajado a 3,2 millones.
Ramírez recuerda que no sólo grabó la conversación, sino que la puso en conocimiento de la autoridad judicial (Carla Vallejo) y luego la aportó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias porque "nada tengo que ocultar", subraya el empresario. Y añade: "Será en sede judicial donde, en su caso, abunde en más detalles y circunstancias sobre este asunto en el momento procesal oportuno llegando hasta las últimas consecuencias legales para esclarecer todo lo sucedido, ya que la actuación de una persona no puede dañar la credibilidad de todo nuestro sistema judicial", concluye el empresario en un mensaje cifrado a Alba.
El juez ha denunciado a Ramírez en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas por varios delitos relacionados con la grabación y la manipulación de la misma para aportarla como prueba de una especie de conspiración destinada a perjudicar la carrera política de Rosell. Esos archivos que entregó el empresario con la conversación, sin embargo, están editados y han sido extraídos de una conversación mucho más larga que ha sido hallada de manera casual por la Guardia Civil en la papelera de la grabadora usada por Ramírez. De ahí el giro que ha dado el caso, con denuncias cruzadas en la Sala de lo Penal del TSJC que afectan tanto a Alba como a Rosell por sus actuaciones en la investigación a Ramírez.
El empresario, además, faltó a la verdad al explicar a la instructora Margarita Varona cómo grabó la charla. No paró el aparato cuando Moya entró al despacho de Alba a saludar, sino que los tres hablan de las "soluciones" al problema de Ramírez y Moya, posteriormente, se reúne con el empresario a solas y comparten confidencias. De ese encuentro no dice nada Ramírez en su nota. Es más. La charla íntegra revela que tenía un guión previo trazado con su abogado para proponer a Alba un acuerdo.
