El Parlamento de Canarias ha solicitado al Estado repatriar a los presos isleños que cumplen condena en el extranjero. La Cámara ha aprobado, con la abstención del Partido Popular, una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno central a agilizar los traslados a España de los reos canarios para seguir cumpliendo sus penas. Un total de 35 canarios permanecen en centros penitenciarios de otros países, sobre todo en Iberoamérica.
A través de esta iniciativa, el Parlamento autonómico reclama a Madrid que lleve a cabo las recomendaciones incluidas en el último informe de la Defensora del Pueblo, relativo a la situación de los presos españoles en otros territorios. En su estudio, Soledad Becerril plantea que se regulen los supuestos en los que los españoles presos en el exterior que carezcan de recursos económicos puedan acceder a la asistencia jurídica gratuita. También ha solicitado que se refuercen los medios personales y materiales en los consulados que atienden a un mayor número de presos, y que se mejoren los canales de comunicación entre los familiares y las autoridades consulares.
Entre los once países en los que existen presos isleños, la mayoría permanecen en Perú, donde hay doce personas, mientras que hay otros cinco en Colombia y el mismo número en Portugal. Hay dos reclusos canarios en Brasil, al igual que en Estados Unidos, Italia, Inglaterra y Japón. Hay uno en Argentina, en Suiza y otro en Ecuador.
Más del 85% de los canarios encarcelados fuera de España lo están por delitos vinculados al tráfico de drogas. El portavoz socialista de Justicia en la Cámara, Gustavo Matos, que presentó la propuesta de su grupo, considera que la crisis económica "tiene mucho que ver" en el incremento de este tipo de delitos. "La desesperación ha llevado a personas corrientes, sin contacto previo con el mundo de la delincuencia, a terminar sirviendo de mulas para las grandes mafias del narcotráfico, muchas veces engañados", afirmó.
Trabas burocráticas
El texto, que ha contado con el respaldo parlamentario, reivindica al Estado "garantizar la asistencia jurídica para una defensa digna, ya que algunos están pendientes de juicios, y asegurar condiciones sanitarias mínimas" para los españoles privados de libertad en penales foráneos, según Matos. Además de exigir la eliminación de trabas burocráticas y reducir los tiempos de tramitación de la ejecución de los expedientes de traslado. El proceso de extradición de los presos se demora una media de un año y medio y en algunos casos llega tarde, cuando ya se ha cumplido una parte importante de su pena.
Asimismo, el Parlamento pide al Gobierno de Canarias que, como ya han hecho otras comunidades, como Castilla y León y Andalucía, establezca marcos de colaboración con organizaciones humanitarias que atiendan a prisioneros isleños en cárceles extranjeras.
En aras a redoblar los esfuerzos diplomáticos para acelerar los expedientes de traslado, Matos prevé reunirse con René Zevallos, el cónsul de Perú en Las Palmas, ya que este país es el que tiene más presos procedentes del Archipiélago.
La Viceconsejería de Acción Exterior del Ejecutivo autonómico presta apoyo a los familiares de las personas retenidas o cumpliendo condena, asesorándoles sobre el regreso a España y agilizando unos trámites que son costosos y lentos.
