La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE canario aprobó ayer por mayoría, con una sola abstención -la del diputado regional Gustavo Matos-, la continuidad del pacto de gobernabilidad con Coalición Canaria. La dirección de los socialistas apoyó el documento acordado el pasado sábado al máximo nivel con los nacionalistas para mantener la alianza entre ambas formaciones en las instituciones donde tienen mayoría para gobernar, tras la crisis provocada a finales de septiembre por la moción de censura en Granadilla de Abona al alcalde socialista Jaime González Cejas.
En esta adenda a la alianza suscrita hace quince meses, de diez puntos, CC se compromete en un plazo de 20 días -tras la firma del documento por los dos partidos probablemente la próxima semana- a impulsar una moción de censura al alcalde del PP de Puerto de la Cruz, Lope Afonso, y a forzar la dimisión de la alcaldesa nacionalista de Arico, Elena Fumero, en contraprestación a la pérdida de la alcaldía de Granadilla de Abona. Sobre este municipio, el acuerdo estipula que CC asume el mismo plazo para tomar medidas que conduzcan a la expulsión del partido de sus concejales.
En opinión del vicesecretario general del PSOE, Francisco Hernández Spínola, se ha hecho un acuerdo "satisfactorio" que, además, contempla una reunión de seguimiento del pacto para analizar los incumplimientos en el resto de los municipios canarios para finales del mes de noviembre
Asimismo, en el documento que debe ratificar aún el comité regional del PSOE -máximo órgano entre congresos- y la Ejecutiva Nacional de CC, en sendas reuniones que se celebran el sábado, se especifica que todas las decisiones en materia presupuestaria deben ser adoptadas "por mutuo acuerdo" entre los dos partidos, para lo que se crea un órgano coordinado por el viceconsejero de Hacienda, Luis Padilla, por CC, y el director general de Coordinación y Apoyo Técnico de la Vicepresidencia, Antonio Olivera, por el PSOE. Los socialistas se han quejado de que Hacienda ha tomado decisiones presupuestarias sin consultarles. Al respecto, en la adenda se establece que las consejerías sociales no quedan sujetas a las limitaciones de Hacienda para el cierre del presupuesto. En esta materia, Coalición Canaria accede además a abrir el año próximo a inversiones sociales, sanitarias y educativas la convocatoria del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que se nutre con los recursos del extinto ITE, extremo que demandaban los socialistas. También se cita en el acuerdo que en los presupuestos de 2017 tendrán preferencia estos servicios públicos fundamentales, regla que se mantendrá si se incrementan los recursos de la Comunidad Autónoma en los siguientes ejercicios.
En referencia a las discrepancias en la Ley del Suelo, CC asume que la Cotmac o el órgano autonómico que la sustituya haga la evaluación ambiental estratégica de los planeamientos y que las directrices de ordenación no contempladas en la nueva norma tengan rango reglamentario. Todos estas medidas se materializarán en la presentación de las enmiendas a la ley del suelo en el Parlamento de Canarias. Sobre las políticas parlamentarias, el documento plasma que se respete la proporcionalidad, en función de los votos, en los nombramientos en la renovación de órganos, como el Diputado del Común, Consejo Consultivo de Canarias y Audiencia de Cuentas. En otros asuntos de máxima tensión, como las continuas críticas del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, a la consejera socialista de Obras Públicas, Ornella Chacón, el acuerdo establece que se han de respetar las competencias de la Comunidad Autónoma. Y en cuanto a las diferencias en Radio Televisión Canaria se aprueba modificar la ley del ente público, para dotarla de una mayor operatividad.
Francisco Hernández Spínola espera que CC cumpla con el documento y, en el caso de que los ediles de Puerto de la Cruz se nieguen a la censura, los nacionalistas activen los mecanismos de expulsión. Indica que el PSOE tiene mayor fuerza ahora en el Congreso tras su abstención para que Mariano Rajoy fuera presidente y asegura que van a defender en Madrid la agenda canaria, con asuntos como el REF y la reforma del Estatuto de Autonomía. Por su parte, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, afirmó ayer que el acuerdo en el que él mismo participó el pasado sábado no supone un "intercambio de nada", sino que tan sólo se trata de cumplir lo pactado en julio del año pasado.
