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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Tribunales Las grabaciones que mancillan la imagen de la justicia

Puñetas manchadas

Las confidencias de un empresario, su abogado y un magistrado ponen en entredicho la independencia del Poder Judicial en Canarias

Puñetas manchadas

Magistrados de la Audiencia Nacional, de Las Palmas y de la capital grancanaria, un exministro del PP y una diputada de Podemos, abogados, periodistas y uno de los empresarios más poderosos de Canarias... Las grabaciones clandestinas del juez Salvador Alba y del empresario Miguel Ángel Ramírez han sacado a relucir las miserias de la judicatura isleña, con el mercadeo de información a cambio de favores, escarceos amorosos y amistades que ponen en entredicho la independencia del Poder Judicial. Un cruce de pleitos regados con confidencias de toda índole que amenaza con truncar las carreras de varios magistrados, entre ellos Victoria Rosell y el propio Alba como protagonistas principales de un sainete judicial sin precedentes. Ambos son investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por irregularidades en la instrucción de una causa por fraude fiscal que afecta al dueño del Grupo Ralons y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, con un perjuicio a Hacienda y la Seguridad Social que podría superar los 30 millones. Esta es una guía para no perderse en el laberinto de intereses que sacuden cimientos de la Ciudad de la Justicia.

El germen del espectáculo

El origen de todo esto se remonta a mediados de 2014, cuando el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria admite a trámite una querella de la Fiscalía contra Ramírez. La titular del juzgado, Rosell, abre diligencias en febrero e interroga dos meses después al empresario. Pronto surgen las primeras diferencias entre la instructora y la fiscal de Delitos Económicos, Eva Ríos, que presenta una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la demora en la tramitación del procedimiento. Ambas acaban a gritos en el despacho de la magistrada.

Ríos le reprocha a Rosell que proteja a Ramírez como si fuera un testigo, retrasando la práctica de diligencias que bloquean la ampliación de la investigación a otros ejercicios económicos, y Rosell le reprocha a Ríos que maneje a los peritos de la Agencia Tributaria a sus espaldas. Eso, en síntesis, porque en la torre 4 de la Ciudad de la Justicia se oyeron esa mañana palabras más gruesas, con amenazas de querellas incluidas.

Durante ese primer enfrentamiento, a pesar de la grieta institucional que comenzaba a abrirse, la sangre nunca llegó a asomar por debajo de la puerta. Tanto el CGPJ como el Consejo Fiscal, al que se quejó Rosell, archivaron las denuncias. Y la cosa siguió a trompicones, con el malestar de la Fiscalía por la lentitud del proceso y los reproches de las acusaciones, que reclamaron varias veces impulso procesal para avanzar en la investigación. Así hasta que comenzaron a correr por los pasillos de los juzgados un rumor adelantado por LA PROVINCIA en forma de noticia: Rosell, de Jueces para la Democracia, estudiaba una oferta de Pablo Iglesias para presentarse a las elecciones del pasado 20 de diciembre con Podemos.

Ambiciones políticas

La magistrada, que ya había sonado para cargo del PSOE, aceptó el reto del partido emergente en un gesto de valentía sin precedentes en la historia judicial isleña. Solicitó la excedencia, se quitó la toga cuando le dieron la venia y se asomó a la arena política. Pero mientras esto ocurría, otro rumor cogía fuerza y estallaba con virulencia en la Ciudad de la Justicia, esta vez con forma de escándalo: la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, había cerrado esos días un negocio de 300.000 euros con el empresario al que la magistrada investigaba por fraude fiscal. Por esa cantidad arrendaba al club amarillo el uso de su frecuencia de radio durante una serie de años.

La operación comenzó a negociarse antes de que Rosell dejara el juzgado, pero el acuerdo entre la UD y la empresa de Sosa se firmó después. Una coincidencia temporal que a la Fiscalía, tras recibir el contrato a través de un anónimo, le pareció lo suficientemente grave como para abrir una investigación en plena campaña electoral, con la finalidad de presentar una denuncia ante el CGPJ tras comprobar si la juez pudo haber vulnerado su deber de abstención por esos vínculos entre Ramírez y su pareja.

Y esa actuación de la Fiscalía lo cambió todo, porque Rosell acusó al ministro José Manuel Soria de usar a la Fiscalía para obtener un beneficio electoral y éste, que se presentaba a los comicios por el PP, le respondió con una querella. Fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo (TS), con el presidente de la Sala de lo Penal como ponente, Manuel Marchena, pero Rosell renunció a repetir en las elecciones, perdió su aforamiento nacional y la causa fue remitida al TSJC.

Alba juega un papel importante precisamente en la aceptación de esa querella. El magistrado, tras la excedencia de Rosell, se hace cargo de su juzgado y el Supremo le pide un informe sobre el estado del proceso a Ramírez. Es ahí cuando se despacha a gusto contra su colega, con el argumento de que la investigación ha sufrido una demora "inexplicable" al estar casi un año parada. Es el mismo argumento, pero reforzado con la posible vulneración del deber de abstención, que emplea la Fiscalía para presentar, sin éxito, una segunda denuncia contra Rosell ante el CGPJ. La magistrada, que entonces era diputada, consigue que el órgano de gobierno de los jueces archive la queja y, además, logra que el TSJC anule las pesquisas de la Fiscalía por vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos concurrir a las elecciones en igualdad de condiciones que sus adversarios.

Eran semanas en las que Victoria Rosell parecía acorralada, con una querella "tramposa" del exministro -dimitió por las mentiras de Panamá- que la obligaba a renunciar a su carrera política. Pero el caso dio su primera pirueta judicial. Alba, para llevar la abstención de Rosell al procedimiento, acuerda una declaración judicial en la que Ramírez revela sus relaciones con Sosa. Esos vínculos no se ciñen al contrato de la radio, sino que se remontan tiempo atrás, con aportaciones económicos a empresas relacionadas con el periodista.

El paso dado por el empresario, sin embargo, escondía una trampa que le explotó a Alba en su despacho de la Audiencia de Las Palmas: Ramírez grabó, a escondidas, la hora larga de conversación que tuvo con el juez para preparar la controvertida declaración. Y casi dos meses después, en mayo, el empresario entrega dos archivos de audio a Carla Vallejo, que acaba de aterrizar en el Juzgado de Instrucción número 8 para relevar a Alba.

Tanto Vallejo como Rosell pertenecen a la misma asociación judicial y son amigas. De hecho, antes de tomar posesión, la nueva instructora del proceso a Ramírez celebra en Twitter el fichaje de Rosell por Pablo Iglesias. Eso lo denuncia Alba, incluso advierte que los dos audios aportados por el empresario no se ajustan a la realidad porque están manipulados.

Vallejo abre una pieza separada y envía la grabación al TSJC, proponiendo a la Sala de lo Penal que abra diligencias previas contra Alba por negociaciones prohibidas, prevaricación y coacciones. En ese procedimiento se persona Rosell como acusación particular y nombran instructora a Margarita Varona, que también lleva la querella de Soria remitida por el Supremo. Fue admitida a trámite contra todo pronóstico, con la oposición de la Fiscalía, gracias, entre otros motivos, al informe de Alba. El exministro, que ha tenido sonados encontronazos judiciales con la pareja de la juez, se querella contra Rosell por retardo malicioso, prevaricación y cohecho, todo relacionado con su actuación en la investigación que afecta al empresario y el contrato firmado con UD. Soria escoge a Eligio Hernández como abogado, que fue fiscal general del Estado y promovió a Marchena como jefe de su secretaría técnica.

Con estos dos pleitos sobre la mesa de Varona en el TSJC, llega otro sobresalto: La Guardia Civil descubre que los dos audios de Ramírez están editados, que el empresario ha mentido al relatar cómo grabó a Alba y que los archivos manipulados proceden de una grabación más extensa. En ese nuevo documento, que se recupera de una carpeta oculta en la papelera de grabadora, es donde permanecen los secretos peor guardados de la élite judicial isleña.

Las transcripciones revelan que Ramírez se preparó a conciencia la reunión con Alba y que el encuentro no fue tan secreto como se ha contado. El presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya, no sólo entró a saludar a los interlocutores principales de la cita, sino que estuvo a solas con Ramírez en su despacho y éste le hizo cómplice del plan de Alba. "Quiere levantar para el aire a Rosell", desvela el empresario al juez nada más sentarse a hablar.

También se alude en la grabación a otro compañero en la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas, Carlos Vielba, y al presidente de la Audiencia de Tenerife, el tinerfeño José Ramón Navarro, con el que Ramírez presume de comer en Madrid para que intercediera a su favor, aunque tanto el empresario como el magistrado negaron que esa comida se produjera.

Otra damnificada por alusiones es Meri Pita, diputa y secretaria de Podemos en Canarias. Pita, que es funcionaria en un juzgado penal, supuestamente medió en el decanto para que la querella de la Fiscalía le tocara a Rosell, según las confidencias de Ramírez a Alba. Luego le pasaron la información a Sosa y otro periodista publicó la noticia. El empresario reconoce que se hizo amigo de la pareja de Rosell para tenerlo controlado y contárselo todo a Soria.

Pero el escándalo definitivo, al menos hasta ahora, llegó el pasado miércoles. Alba, tras conocer las conclusiones de la Guardia Civil, amplía su denuncia contra Ramírez por amañar una prueba judicial y aporta dos grabaciones que han levantado ampollas en el CGPJ.

En una de ellas Sergio Armario, que fue pareja de Rosell, desvela todo tipo de intimidades sobre la magistrada, con la finalidad de ganarse la confianza de Alba, que le había impuesto una fianza de 35 millones a Seguridad Integral Canaria por el delito fiscal. En esos momento corría el mes de febrero y aún no se había llegado al acuerdo de airear los vínculos con Sosa para perjudicar la carrera política de Rosell, lo cual ocurre en marzo.

En la otra conversación es Vielba quien se va de la lengua y le propone a Alba una reunión a tres bandas para enterrar el hacha de guerra, pues Ramírez "tiene contactos en todos lados" y podría retrasar o hacer desaparecer el famoso informe de la Guardia Civil. Esta última grabación la hace Alba el 23 de septiembre, cuando no había salido el informe de la Guardia Civil. Hasta ahí todo parece una arriesgada maniobra de defensa para neutralizar a Ramírez, pero Alba también graba a sus compañeros mientras toman café en el office de la Audiencia y hablan en tono vulgar de casos de corrupción, mafiosos y putas. El CGPJ parece que esperará a la evolución de las investigaciones abiertas para decidir si adopta o no sanciones, pero la clase política, con el presidente del Gobierno de Canarias a la cabeza, ha reclamado el cese del "espectáculo" que mancilla a jueces, abogados y empresarios.

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