El juez Salvador Alba ha comunicado este martes al Juzgado número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que se retira de la denuncia que él mismo había presentado contra el empresario Miguel Ángel Ramírez después de conocerse que éste le había grabado en una conversación, ha confirmado a Efe su defensa.
ha comunicado formalmente al Juzgado que "se aparta" de este procedimiento, cuando solo ha transcurrido una semana desde que él mismo acudió ante el instructor de la causa a ratificar sus acusaciones contra Ramírez y el letrado de este, Sergio Armario, por delitos de coacciones y revelación de secretos.
El empresario Miguel Ángel Ramírez ha comparecido esta mañana ante el juez encargado del caso, Rafael Passaro, que lo había citado en calidad de denunciado. Sin embargo, Ramírez se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, según ha confirmado él mismo a los periodistas a su salida del Juzgado.
El propietario del grupo Ralons ha recordado al juez que tiene que declarar respecto a esas mismas grabaciones en la causa abierta contra Alba por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en una citación en la que sí está obligado a explicar lo que sabe sobre ese asunto y a hacerlo bajo juramento, porque comparece como testigo.
El letrado Sergio Armario, que también había sido denunciado por Alba, se ha acogido igualmente a su derecho a no declarar.
Una vez que Salvador Alba se ha retirado de este procedimiento contra Ramírez y su letrado, dependerá de la Fiscalía de Canarias que continúe o se archive, ya que las reglas que rigen el sistema penal español determinan que no hay causa sin acusación.
En su comparecencia de la semana pasada ante el juez, Salvador Alba entregó grabaciones que presuntamente él mismo ha hecho al letrado de Ramírez y otros magistrados -sus compañeros de la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas-, para justificar su alegación de que ha sufrido presiones.
La asociación profesional Jueces para la Democracia ha denunciado hoy que esas grabaciones de Alba a sus compañeros pueden constituir faltas disciplinarias muy graves y ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que lo suspenda de sus funciones.
El TSJC tiene pendiente interrogar a Salvador Alba como imputado en un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, para averiguar si en la reunión que mantuvo hace meses en su despacho con Ramírez trató o no de orientar su declaración para perjudicar a la juez Victoria Rosell, como ha denunciado el propio empresario, que aporta como prueba la grabación de la conversación entre ambos.
