El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha acordado este martes la incoación de un expediente disciplinario al magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba Mesa en relación con su actuación al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, por hechos que podrían constituir dos faltas disciplinarias muy graves y otra grave de las previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El CGPJ informa en una nota que "las faltas muy graves son las del artículo 417.8 -inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmentes previstas- y 417.12 -revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona-".

Asimismo, añade que el expediente "contempla la posible comisión de una falta grave del artículo 418.5, referido al exceso o abuso de autoridad".

Detalla la nota los antecedentes del expediente y así expone que "Fonseca-Herrero abrió el pasado mes de mayo diligencias informativas contra Alba a raíz de la denuncia formulada contra él por la magistrada Victoria Rosell Aguilar, a quien el primero sustituía en el Juzgado tras la decisión de la juez de concurrir como candidata a las elecciones generales y su posterior elección como diputada al Congreso".

Añade que "a esas diligencias se incorporaron después las grabaciones difundidas por varios medios de comunicación de una conversación entre Salvador Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado en un procedimiento que se tramita en el citado Juzgado".

La falta grave de abuso de autoridad, especifica el CGPJ, "se habría cometido al utilizar Alba su condición de instructor de las diligencias previas 644/2014 para llevar a cabo actuaciones no amparadas por la investigación ni por las competencias derivadas de su cargo, y que ninguna relación guardarían con el objeto de las actuaciones: delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores supuestamente cometidos por la empresa Seguridad Integral Canaria, de la que era administrador Miguel Ángel Ramírez".

"De este modo, el magistrado habría desarrollado una investigación indebida contra la denunciante y su entorno", señala el Promotor en el acuerdo de incoación del expediente.

Fonseca-Herrero resalta que "la posible comisión de una falta muy grave de revelación de secretos del artículo 417.12 se deriva de la publicación en diversos medios de comunicación de un informe redactado por Alba y remitido al Tribunal Supremo en el marco de la querella que el exministro de Industria José Manuel Soria interpuso ante el alto tribunal contra la juez Rosell".

Asimismo, según se deduce de la nota informativa, el CGPJ confunde la relación de la magistrada Rosell con el encausado Miguel Ángel Ramírez y presupone que son pareja sentimental, cuando en realidad es la pareja del periodista Carlos Sosa, que mantiene una relación mercantil con Ramírez. En este sentido, se expone que "la posible falta muy grave de incumplimiento del deber de abstención del artículo 417.8 se basa en la afirmación de la existencia por parte de la magistrada Rosell de una relación de enemistad del juez Alba con ella, compañera sentimental del denunciado en el proceso penal, "y por ello, en la existencia de un interés directo o indirecto del señor Alba Mesa en el proceso, revelado posteriormente con el contenido de la grabación previa a la declaración de don Miguel Ángel Ramírez en esa causa".

Finalmente, la nota apunta que "la resolución ha sido ya notificada al magistrado expedientado, a la denunciante, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Fiscalía General del Estado". De esto último, se puede entender que cuando este martes por la mañana el juez Alba anunció la retirada de su denuncia a Miguel Ángel Ramírez ya tenía conocimiento de la apertura de este expediente por parte del CGPJ.