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Tribunales Reacciones tras las grabaciones entre investigados

Instan la intervención del CGPJ por los líos judiciales

Las asociaciones de jueces y fiscales se reúnen para buscar una solución al conflicto que sacude la Audiencia de Las Palmas

Representantes de los colectivos de jueces y fiscales se reunirán mañana para consensuar una postura ante el escándalo a que han dado lugar las grabaciones clandestinas y cruzadas entre el juez Salvador Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez. "Se trata de llegar a un acuerdo para ver cómo solucionamos esto o cómo instar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que se solucione", explicó ayer Miguel Pallarés, fiscal de Las Palmas y portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Al encuentro, que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria, asistirán, en principio, representantes de las cuatro asociaciones de jueces: Jueces para la Democracia, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional de la Magistratura. A esta última pertenece Alba. También estarán representados los fiscales por medio de la APIF y de los restantes colectivos, como la Unión Progresista de Fiscales o la Asociación de Fiscales. De momento, solo Jueces para la Democracia, a la que está vinculada la magistrada Victoria Rosell (otro de los nombres de jueces, políticos y empresarios relacionados con el escándalo), se ha manifestado públicamente, en concreto pidiendo al CGPJ que se aparte a Alba de sus funciones y que se le abra un expediente disciplinario. Fuentes de la judicatura consultadas ayer coinciden, sin embargo, en que el CGPJ debe tomar las riendas y poner coto a la situación.

La idea del fiscal Pallarés, promotor del encuentro, es que la reunión sirva para que jueces y fiscales adopten una voz común ante un caso que ha sacudido el estamento judicial en la Comunidad Autónoma y que salpica a políticos, abogados, periodistas y a uno de los empresarios más poderosos de la región, el también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez.

El empresario y su abogado Sergio Armario deberán prestar hoy declaración como investigados en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital grancanaria, que tramita una denuncia de Alba por revelación de secretos, coacciones, falsedad, injurias y calumnias. Esos presuntos delitos están relacionados con las grabaciones realizadas tanto por Ramírez como por el propio Alba, en las que puede escucharse a magistrados de la Audiencia de Las Palmas hablando de distintas causas e incluso de asuntos más o menos privados y otros de dudoso gusto.

Antes esta situación, la APIF y los demás colectivos de fiscales han decidido dar un paso al frente para intentar integrar a jueces y fiscales en una voz común y "llegar a un acuerdo para ver cómo solucionamos o cómo instamos (al CGPJ) a que se solucione" este asunto. En definitiva, el objetivo de la reunión es consensuar una postura que se pueda trasladar después, de llegarse a un consenso, al Consejo General del Poder Judicial.

No en vano, Pallarés calificó de "muy grave" el llamado caso Alba, "que, lejos de aminorarse, día a día se produce un mayor descrédito". "Me preocupa no solo la casa en la que uno trabaja, sino, sobre todo, el justiciable, eso es lo que verdaderamente me preocupa", reflexionó el fiscal de Las Palmas en relación con la percepción que la ciudadanía puede estar formándose de la judicatura a raíz del escándalo. "Es de una gravedad importante, y por eso creo que debería intervenir el Consejo General del Poder Judicial", afirmó. En su opinión, "no es el momento oportuno para seguir enjuiciando como si no hubiera pasado nada", enfatizó el fiscal, que quiso lanzar un mensaje a la ciudadanía ante el lodazal en que se ha convertido el caso: "Que el ciudadano sepa que somos los primeros afectados".

En la línea de las palabras de Pallarés se manifestaron ayer representantes de otros colectivos relacionados con la Administración de Justicia en una y otra provincia. Este fue el caso, por ejemplo, del decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner, que aunque prefirió no manifestarse aún sobre el fondo del caso, sí dejó claro que es "poco serio y poco presentable" lo que está sucediendo. "Es un asunto muy feo; el Consejo General del Poder Judicial debería tomar cartas en el asunto, porque esto de algún modo nos afecta a todos, a la imagen de todos", subrayó a su vez Miguel Andrés Rodríguez, decano del Colegio de Procuradores de la provincia occidental.

Desde la parte política, el delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, se muestra sorprendido, "como todos", por las grabaciones efectuadas a Alba y las de este a otros magistrados. "Lo que estoy leyendo en los medios de comunicación me sorprende, como a todos, lo cual no quiere decir que no respetemos la división de poderes".

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