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Tribunales Consecuencias tras las grabaciones clandestinas entre investigados

Alba se expone a que lo echen de la judicatura

El Poder Judicial abre al magistrado de la Audiencia de Las Palmas un expediente sancionador por dos faltas muy graves y una grave, por excederse al investigar a Victoria Rosell

Miguel Ángel Ramírez, ayer, a su llegada a la Ciudad de la Justicia.

Miguel Ángel Ramírez, ayer, a su llegada a la Ciudad de la Justicia.

El magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba se expone a que lo separen de la judicatura por extralimitarse en la investigación realizada a su compañera Victoria Rosell.

El Consejo General del Poder (CGPJ) ha abierto un expediente sancionador a Alba como posible autor de una falta grave y dos muy graves, según recoge un comunicado hecho público ayer por el órgano de gobierno de los jueces.

El promotor de la acción disciplinaria en el CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, considera insuficientes las explicaciones ofrecidas por Alba en el expediente informativo previo y, por ese motivo, al ver indicios de un comportamiento inadecuado, inicia un procedimiento sancionador que podría acarrear la expulsión del magistrado de la carrera judicial.

Fonseca, tras abrir las diligencias informativas hace seis meses por una denuncia de Rosell, considera que Alba ha podido cometer faltas muy graves de inobservancia del deber de abstención y de revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función, así como una falta grave de exceso o abuso de autoridad. Esta última infracción está castigada con una multa de 501 a 6.000 euros, pero las otras dos faltas muy graves llevan aparejadas la "suspensión", el "traslado forzoso" o la "separación" de la judicatura, establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin sanción cautelar

La incoación del expediente sancionador no implica que se vaya a castigar al juez por esas tres faltas, pues antes el promotor debe realizar una propuesta de sanción al CGPJ y el procedimiento administrativo podría quedar en suspenso hasta que se resuelvan los pleitos cruzados entre Alba y Rosell. Ambos magistrados son investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por sus actuaciones como jueces instructores en la causa por fraude fiscal que afecta al empresario Miguel Ángel Ramírez, con un perjuicio a Hacienda y la Seguridad Social que podría superar los 30 millones de euros, según los peritos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

El promotor de la acción disciplinaria, al menos por el momento, parece que no va a suspender de manera cautelar a Alba y esperará al desenlace de las dos causas penales que se tramitan en la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJC. Esto permitiría al juez continuar en su plaza de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas, donde se vive una situación insólita, con varios compañeros grabados por Alba y enredados en el supuesto plan de Ramírez para lograr el archivo de su causa penal.

Alba sustituyó temporalmente a Rosell porque ésta dejó en noviembre el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para presentarse a las elecciones generales con Podemos. El magistrado recibió a Ramírez en su despacho y ambos prepararon una declaración judicial para perjudicar a la diputada, que finalmente se vio obliga a dimitir y se incorporó a su juzgado. ¿El motivo? Alba emitió un duro informe que facilitó la admisión a trámite de una querella del exministro José Manuel Soria contra Rosell. Luego el empresario hizo pública una grabación al juez para acreditar el presunto amaño de su declaración por parte de Alba

"El magistrado habría desarrollado una investigación indebida contra la denunciante y su entorno", señala el promotor de la acción disciplinaria, Fonseca-Herrero, en relación a la actuación de Alba y la denuncia que le puso Rosell ante el Poder Judicial.

Según el promotor, Alba ha podido valerse de su condición de instructor "para llevar a cabo actuaciones no amparadas por la investigación ni por las competencias derivadas de su cargo", las cuales "no guardarían" ninguna relación con el objeto de la investigación, esto es, los delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y contra el derecho de los trabajadores "supuestamente cometidos por la empresa Seguridad Integral Canaria", de la que era administrador Ramírez, explica Fonseca-Herrero.

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