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Canarias y el Estado quieren eludir el debate sobre las ventajas del REF

PP y CC no quieren que el Congreso identifique la revisión de las ayudas a la insularidad como precio a pagar por el respaldo a Rajoy

Canarias y el Estado quieren eludir el debate sobre las ventajas del REF

Canarias y el Estado quieren eludir el debate sobre las ventajas del REF

Los gobiernos central y canario ultiman en estos días el documento definitivo que dará cuerpo a la modificación de los aspectos económicos del REF, la ley 19/1994 que debe reformular toda la estructura de ayudas estatales de compensación a la insularidad y la lejanía de Canarias. Ambas partes han negociado intensamente todos los aspectos de la norma, incluso durante el etapa en que el Gobierno central se encontraba en funciones, pero aún está en el aire cómo tramitarla y hacerla efectiva.

La cuestión formal sobre cómo amparar el nuevo texto es más importante de lo que aparenta porque ambos gobiernos se muestran preocupados por el efecto de un debate de este tipo en el Congreso de los Diputados en el actual contexto político. Tratan de evitar que su aprobación se entienda ahora como un precio a pagar por parte del Gobierno central por el apoyo de CC a la investidura de Rajoy.

Aunque el propio Rajoy fue el encargado de anunciar en una de sus intervenciones en las sesiones de investidura la inminente remisión al Congreso de la reforma del REF, ambas partes tienen dudas sobre cómo abordar y resolver esa tramitación. La primera idea por parte del Ejecutivo central consistía en elaborar un anteproyecto que tome como base el documento pactado con Canarias, aprobarlo en una de las primeras reuniones del nuevo Consejo de Ministros y remitirlo a las Cortes como proyecto de ley.

Esta fórmula ha sido puesta en cuestión en las últimas semanas ante el temor de que la tramitación parlamentaria retrase algunas de las medidas que se quieren aprobar con carácter urgente, pero también ante la posibilidad de que ese proceso abra un debate de fondo en el ámbito territorial sobre las ventajas concedidas a Canarias a pocas fechas de que también se empiece a hablar, en la también anunciada por Rajoy inminente Conferencia de Presidentes de comunidades autónomas, del complejo proceso de reforma del sistema de financiación autonómica. Fuentes parlamentarias reconocen que un debate de casi tres meses sobre el REF económico, primero en el Congreso y luego en el Senado, conlleva el riesgo de que algunos grupos intenten descafeinar el texto.

Como alternativa, en el Gobierno central, pero también en el propio Gobierno de Canarias, se está imponiendo la alternativa de sacar adelante la actualización del REF mediante un decreto-ley. Aunque también pasaría por el Congreso sólo sería para su convalidación tras un único y corto debate de toma de posiciones. De hecho, esa fue el mecanismo con el que se llevó a cabo la única modificación de la norma hasta la fecha, en diciembre de 2006, para adecuarlo a determinados preceptos europeos.

Sin embargo, hay quien en Canarias, pero también en el Gobierno central, considera que aunque el decreto-ley tiene de facto fuerza de ley, una reforma del fuero canario como la que se pretende, que amplía y reformula considerablemente el sistema de compensaciones a la insularidad, debe tener la misma potencia legislativa que la propia ley que modifica.

El Gobierno de Canarias se inclina por el sistema que más pronto produzca efectos, que sería el del decreto-ley, en cuyo caso no habría problemas para que fuera convalidado a lo largo de lo que queda de año y pudiera tener ya efectos presupuestarios en las cuentas estatales del 2017, que se presentarán en enero, sobre todo en algunas cuestiones relativas a las subvenciones al transporte, el sistema energético específico para Canarias o las ayudas a la creación de empleo.

Qué ministerio

Otra de las cuestiones a resolver de inmediato es qué ministerio se hará responsable de la elaboración del anteproyecto de ley o del decreto ley que se someterá a consideración del Congreso. Aunque en un principio parecía que iba a quedar en el ámbito de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, al pasar este último epígrafe a la Vicepresidencia y por tanto a manos de Soraya Sáenz de Santamaría, podría ser ésta quien se encargue de coordinar los trabajos y elaborar el proyecto legislativo. Otra posibilidad, que prefiere el Gobierno de Canarias, es que el encargo caiga en manos del nuevo titular de Energía, Álvaro Nadal, que no sólo ha sido quien ha pilotado hasta ahora estas negociaciones desde su anterior cargo como responsable de la Oficina Económica de la Presidencia, sino que será uno de los más implicados dada la amplia lista de asuntos relacionados con sus competencias que incluye el texto.

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