El magistrado Salvador Alba renunció ayer a ejercer la acusación contra el empresario Miguel Ángel Ramírez y el abogado Sergio Armario tras denunciarles por presionarle con la intención de obtener un supuesto beneficio procesal espurio en la causa por fraude fiscal que tiene contra las acuerdas al empresario. El dueño del Grupo Ralons y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas se mostró confiado en que la Fiscalía, tras apartarse el juez Alba, solicite el archivo del procedimiento tras citarlo como testigo, pero un portavoz del ministerio público explicó ayer que continuarán con las actuaciones porque hay "algunos hechos importantes" y de "interés" para la investigación.
La situación que se vivió ayer en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, como todo lo acontecido en este pleito con ramificaciones en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, volvió a ser extraña, con una nueva acción cercana al fraude a la Administración de Justicia, según explicaron fuentes conocedoras de lo sucedido.
Alba presentó a primera hora de la mañana un escrito en el Decanato de los juzgados con el que se apartaba de la causa y se reserva el derecho a ejercer acciones civiles, al tiempo que las defensas de Ramírez y de Armario trataban de que el juez Rafael Passaro decretara el sobreseimiento del procedimiento. El fiscal delegado de Delitos Informáticos en Las Palmas, José Antonio Díez, se opuso porque Alba no se había retractado ni tampoco había modificado, matizado o desmentido los hechos denunciados, los cuales son lo suficientemente graves como para que la Fiscalía los investigue de oficio.
Y es que el propio Alba se ratificó la semana pasada en su denuncia, incluso presentó una grabación que deja en mal lugar a Armario y aportó otros dos audios que podrían perjudicar a Carlos Vielba, compañero de Alba en la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas. En esta última grabación, además, se revelan conversaciones privadas sobre casos judiciales de los cuatros magistrados que integran la Sección Sexta: Emilio Moya, José Luis Goizueta, Vielba y el propio Alba.
El magistrado no sólo aportó esas grabaciones para tratar de acreditar las presiones del empresario, sino que amplió la denuncia contra Vielba porque éste le ofreció reunirse con Ramírez para llegar a un acuerdo. En esa charla, Vielba le dice a Alba que el empresario tiene contactos en "todos los lados" y podría influir en una pericial de la Guardia Civil que afecta a Alba. Un informe que atañe a la autenticidad de la grabación que Ramírez le hizo al juez cuando ambos conspiraban contra la magistrada Victoria Rosell en la Audiencia de Las Palmas.
Por todas esas razones, las fuentes judiciales consultadas ayer no encontraban una explicación lógica a la errática postura de Alba en este procedimiento, más allá de que hubiera alcanzado algún tipo de acuerdo con Ramírez, extremo que ha sido negado desde el entorno del juez y por el empresario.
Una vez que la renuncia de Alba llegó al juzgado procedente del Decanato, el magistrado instructor, Rafael Passaro, mantuvo las declaraciones y leyó los derechos a los dos investigados. Tanto Ramírez como Sergio Armario se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.
El empresario y su abogado, por tanto, siguen formalmente imputados. La Fiscalía de Las Palmas deberá ahora revisar su posición en el procedimiento para determinar con cuales de los cinco delitos denunciados por Alba sigue adelante: revelación de secretos, injurias, calumnias, coacciones y falsedad. Armario, al término de la comparecencia, rechazó hacer declaraciones a LA PROVINCIA. Ramírez, en cambio, se mostró convencido del archivo de la causa.
