Primero lo dijo, luego lo mantuvo y solo al final trató de desdramatizar la situación al asegurar que todo era un broma. Mientras salía de la Ciudad de La Justicia, tras comparecer como investigado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria el propietario del Grupo Ralons y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, se negó, con evidentes gestos de enfado, a contestar a la preguntas de este periódico. "No voy a hacer declaraciones a LA PROVINCIA porque es el portavoz de Alba. Pregúntenle a él lo que ha pasado y luego ponen en el periódico lo que quieran", respondió el empresario en los pasillos del edificio judicial cuando fue requerido por este diario para que diera su versión sobre lo ocurrido.
Tras este aviso, Ramírez volvió a advertir, esta vez delante del resto de medios de comunicación, que no respondería a los periodistas si LA PROVINCIA estaba presente en la ronda de preguntas.
Al final el empresario salió al exterior del recinto judicial y contestó a las cuestiones de los periodistas, incluidas las de este periódico, que estaba interesado en saber si había llegado a un acuerdo con el juez para que éste retirara la denuncia contra él y contra el abogado Sergio Armario.
Ramírez no sólo negó que hubiera llegado a un pacto con el magistrado, sino que hubiera negociado. "¿Cómo voy a llegar a un acuerdo con el señor Alba si es quien me ha denunciado"?, respondió a este diario. Tras concluir su comparecencia ante los periodistas aclaró que su intención de no admitir preguntas de LA PROVINCIA era sólo "una broma".
El empresario calificó de "sorpresa" la última pirueta dada por el juez Alba. "Estoy aquí por una denuncia de Alba por los presuntos delitos de coacciones, injurias y demás. Y soy testigo en otra causa que se lleva contra él en el Tribunal Superior de Justicia. Por tanto, le dije a su señoría que no tiene sentido hacer ningún tipo de declaración porque quien me ha denunciado se ha apartado. Me imagino que si la Fiscalía quiere seguir con el caso me tendrá que llamar como testigo. Entonces tendré que declarar. Pero no veo las razones por las que tenga que hacerlo como investigado", explicó Ramírez.
El empresario, que se acogió a su derecho constitucional a no declarar, desconocía la postura que iba a adoptar el fiscal pero sí destacó que el ministerio público pidió el archivo al inicio de la investigación. Fuentes de la Fiscalía aclararon ayer que esa petición fue por cuestiones formales, para evitar el cierre de la investigación, y no por el fondo del asunto.
