Las dos diputadas de Podemos por Las Palmas, Meri Pita y Carmen Valido, utilizan habitualmente la tarjeta personalizada que les ha suministrado el Congreso para sus desplazamientos en Madrid y cuyo coste máximo no podrá sobrepasar los 3.000 euros al año. Su compañero tinerfeño, Alberto Rodríguez, ha renunciado sin embargo a solicitarla por ahora, según señalaron ayer fuentes de la organización. Los tres parlamentarios canarios, junto con los dos por Baleares, son los únicos que están autorizados por su organización política a mantener este privilegio de los diputados para facilitarles su actividad política y parlamentaria y paliar sus constantes problemas de conectividad y traslados. De hecho, según han señalado las dos diputadas por Las Palmas, sólo utilizan la tarjeta para esos trayectos entre Barajas y el palacio de la Carrera de San Jerónimo, nunca para otro tipo de desplazamientos en la capital pese a que también están incluidos en las condiciones de uso que establece el Congreso.
Pita, a su vez secretaria general de Podemos en Canarias, reconoció ayer que el uso de la tarjeta para el taxi les permite a ella y a su compañera sortear parte de esas dificultades en los desplazamientos como consecuencia de los frecuentes retrasos en los vuelos a Madrid, o para poder tomar el vuelo reservado los días de vuelta tras el trabajo en la Cámara durante la semana. La dirigente canaria de la formación morada subraya, no ibstante, que "no siempre" toman un taxi para esos trayectos, ya que se decantan por el transporte público cuando tienen el margen de tiempo suficienteo. Además, aclara, siempre que pueden se coordinan para viajar junta.
Pita señala que el reconocimiento de esas circunstancias adversas para los parlamentarios de ambos archipiélagos es el que llevó a la dirección de Podemos a eximirlos de la renuncia que la organización acordó para el resto de representantes en cualquiera de los dos cámaras legislativas estatales a principios de la pasada legislatura. Este periódico trató ayer sin éxito de ponerse en contacto con el tinerfeño Alberto Rodríguez, pero fuentes de la organización señalaron que el diputado ya renunció a esa tarjeta en la corta pasada legislatura y que tampoco hasta ahora la había solicitado en los más de tres meses transcurridos de la actual.
El coste y el trayecto de viaje consta en los registros de la tarjeta, por lo que el Congreso puede comprobar en todo momento la cantidad que cada diputado lleva gastado en taxi, y si todos los viajes se realizan dentro del ámbito de la comunidad de Madrid, área para el que únicamente está autorizada. En la actualidad, sólo 47 diputados del Congreso han renunciado a esa tarjeta, de ellos 41 de Podemos.
Hasta el pasado día 4, un total de 302 parlamentarios solicitaron la tarjetas, es decir, un 86,2 % del Pleno. La totalidad de los diputados de C,s, de los nueve de ERV, de los 5 del PNV y los 19 que conforman el Grupo Mixto, entre ellos Ana Oramas U(CC), y Pedro Quevedo (NC) han solicitado la tarjeta y están haciendo uso de este privilegio. Sólo cuatro de los diputados del PP y dos de los del PSOE no lo han hecho.
El coste de esta tarjetas no supone una cantidad fija sino que su uso es finalista y el Congreso solo abona los viajes que el parlamentario haga efectivamente. Si cada parlamentario que ha solicitado la tarjeta gastara el máximo fijado, 3.000 euros el gasto total alcanzaría este año los 906.000 euros.
De los 67 diputados del grupo de Unidos Podemos, 41 han renunciado a la tarjeta y 26 la han solicitado, aunque se desconoce si pertenecen a Podemos o Izquierda Unida, que suman 45 diputados, o a algunas de las formaciones que confluyeron en la coalición electoral, En Comú (12 diputados), En Marea (5) o Podemos/EUPV (5).
