Podemos afirma que las grandes eléctricas violan mandatos de los más altos organismos mundiales. Así lo sostuvo ayer en Las Palmas de Gran Canaria el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de la formación morada, Rafael Mayoral, quien instó a las multinacionales de la energía a "devolver 3.500 millones de euros a la sociedad".
Mayoral aludió de este modo a las cantidades percibidas por las compañías en concepto de "costes de transición a la competencia" y descubiertas por los informes que realizaron los propios funcionarios de la Administración del Estado. "Ni el PSOE ni el PP han sido capaces de reclamar cuando han estado en el Gobierno, pero es una deuda que nosotros no vamos a olvidar, porque es una deuda con nuestro pueblo", enfatizó Mayoral.
El diputado nacional participó ayer en la capital grancanaria en una jornada sobre pobreza energética organizada por Podemos Canarias dentro de la iniciativa Vamos!, que arrancó el pasado mes de junio al entender que "la representación institucional" alcanzada por el partido en su corta vida "no era suficiente, sino que había que trabajar en la calle, mano a mano con las víctimas de la desigualdad y de los recortes, con los movimientos sociales", según explicó la secretaria general en las Islas, Meri Pita.
A juicio de Rafael Mayoral, los dos partidos españoles mayoritarios "guardaron en el cajón" esa deuda y no exigieron su devolución porque "los 3.500 millones engrasan las puertas giratorias" para que los responsables de PP y PSOE ocupen puestos en "los consejos de administración de las empresas energéticas. Eso es algo que socava nuestra democracia y forma parte de lo que hemos venido a denominar como corrupción legalizada", explicó.
El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales consideró necesario introducir en la agenda política los problemas fundamentales de los ciudadanos. Entre ellos el de los cortes de fluido eléctrico en los hogares más vulnerables. "La pobreza energética es una violación de la observación general 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos", detalló y señaló la necesidad de que la legislación española se adapte con urgencia a esos mandatos de rango superior.
Por su parte, Pita destacó la amplia representación obtenida por la formación en corto tiempo y reiteró la intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo que se tramita en el Parlamento de Canarias.
