Perplejos, sorprendidos, denigrados, deslegitimados. Así se sienten los jueces de Las Palmas de Gran Canaria, que ayer se reunieron en Junta General y censuran al Consejo General del Poder (CGPJ) por la "pasividad" mostrada para atajar el escándalo de las grabaciones que ponen en entredicho a la judicatura, según el reproche lanzado por los magistrados capitalinos.
La junta, que representa a los órganos jurisdiccionales unipersonales de la capital grancanaria, se reunió en la Ciudad de la Justicia a petición del juez decano, Óscar González. Asistieron, bien de manera directa o por delegación, 34 de los 54 magistrados que ejercen en el partido judicial capitalino. "No podemos mantenernos como meros espectadores ante hechos que afectan a la imagen de la Justicia en Canarias, que nos denigran como servidores públicos y que nos deslegitiman ante la opinión pública", recoge el comunicado, que fue leído por el decano en la sala de prensa de la sede judicial sin admitir preguntas.
Se trata de un acuerdo muy medido que fue aprobado por unanimidad tras un intenso debate, cuyo contenido ha sido remitido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que se reúne hoy de manera ordinaria, con la intención de forzar un pronunciamiento similar al de los jueces capitalinos.
En el texto no se nombra a los dos magistrados que están en el centro de la polémica, Victoria Rosell y Salvador Alba, con pleitos cruzados en el TSJC en los que ambos están citados como investigados para la próxima semana, supuestamente por irregularidades cometidas cuando instruían una causa por fraude fiscal contra el empresario Miguel Ángel Ramírez. El comunicado tampoco hace referencia a las grabaciones hechas por Alba a otros compañeros de la Audiencia de Las Palmas y la realizada por Ramírez, pero esas actuaciones y el contenido de las mismas es lo que ha motivado el pronunciamiento.
Los jueces, que rara vez se reúnen en estas asambleas, cuestionan la "pasividad" de quienes tienen la "misión de protegerles frente a ataques externos e internos", esto es, el CGPJ, que es su máximo órgano de gobierno. Ese desamparo es el que ha motivado la intervención de la Junta General, cuyos representantes se sienten igual de "sorprendidos y perplejos" que el resto de ciudadanos, señala el comunicado.
Los hechos denunciados son de "extrema gravedad" y "habrían merecido la intervención inmediata" del CGPJ, "siquiera de forma cautelar, restaurando la imagen de la Justicia y la dignidad de la función", añade la nota. Por todo ello "exigen" que se "depuren las responsabilidades penales o disciplinarias" que puedan derivarse de esas grabaciones, con "independencia de la función o cargo" que ostenten los "responsables" aludidos en esas conversaciones, donde salen a relucir nombres como el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, el presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya, el magistrado del mismo tribunal Carlos Vielba y, en menor medida, el presidente del TSJC, Antonio Doreste.
Las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales se reunieron la semana, pero no lograron sellar un acuerdo de mínimos para defender la honorabilidad de la judicatura frente a estos hechos "excepcionales" y "referidos a personas concretas" que "enturbian" el trabajo de los demás compañeros, aseguran los magistrados capitalinos, que ahora sí han dado un paso adelante para vindicar la "independencia, imparcialidad e igualdad" con la que ejercen su labor.
Trabajo abnegado
El fiscal jefe del TSJC, Vicente Garrido, valoró ayer el trabajo "abnegado que desempeñan la mayoría de los jueces y fiscales, aunque reconoció que la justicia "no está pasando su mejor momento" en las Islas. Garrido, que presentó en comisión parlamentaria la memoria de la Fiscalía de 2015, subrayó que el ministerio público ha tenido una actuación "clara, rigurosa y fiel" en todo este proceso. Luego precisó que son parte integrante de los procedimientos penales y, por tanto, no puede mantenerse al margen de lo que está ocurriendo, según declaraciones recogidas por Efe.
En respuesta a varios portavoces parlamentarios, Garrido defendió la actuación de la Fiscalía de Las Palmas en la investigación realizada a Rosell, la cual fue anulada por el TSJC al entender que vulneraba derechos fundamentales de la magistrada. El fiscal jefe rechazó que se buscara la apertura de una expediente disciplinario a Rosell, ya que no tiene competencias para ello, si no que se trataba de un procedimiento preprocesal para remitirlo al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado. Asimismo rechazó que se produjeran filtraciones y defendió que la nota de prensa emitida contenía un relato "aséptico" de lo que se estaba haciendo "y nada más".
También admitió que, con toda las polémica de las grabaciones, se está asistiendo a una situación "rara", que no ha vivido en los más de 30 años de carrera profesional y que, señaló, le produce "melancolía". Sobre el posicionamiento de la Fiscalía, que entiende que se pudiera estar produciendo un delito, Garrido entiende que el TSJC dictará la resolución que sea adecuada y subrayó que desde el "minuto uno" la Fiscalía General tiene conocimiento de la situación.
