El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, uno de los principales acusados en el caso Las Teresitas aprovechó ayer, al final de la última sesión del juicio penal que se ha desarrollado a lo largo de 32 jornadas, su derecho a la última palabra para expresar, una vez más, su "inocencia". Lo hizo en algo más de 13 minutos de una alocución en la que negó "haber concertado con alguien o haber participado en la tramitación del expediente" de compraventa de las once parcelas del frente de playa que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña adquirió en 2001 por 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros) a Inversiones Las Teresitas (ILT). Una cantidad muy por encima de las tasaciones de mercado llevadas a cabo. Detrás de ILT estaban los empresarios y también acusados en este procedimiento, Antonio Plasencia e Ignacio González, a los que se acusa de orquestar el "pelotazo urbanístico", en palabras de la Fiscalía. Miguel Zerolo manifestó: "Soy inocente. Salvo por razones políticas, no sé qué hago aquí".
El juicio por el caso Las Teresitas quedó así visto para sentencia.
Después de que los abogados de las defensas expusieran sus informes de conclusiones definitivas, el magistrado presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, se dirigió a los once encartados en el procedimiento para que añadieran o aclararan aquellos asuntos que consideraran que debían conocerse para su defensa. De las once personas sentadas en el banquillo, solo el exalcalde santacrucero hizo uso de ese derecho a pesar de que reconoció que su propio abogado, Jorge Muñoz, se lo había desaconsejado.
No obstante, Zerolo hizo gala de sus experiencia como orador. Incidió en que solo le quedaba esa oportunidad para reclamar su "inocencia" y lo hizo convencido de que, en los más de 80.000 folios que conforman el sumario de esta pieza principal del caso Las Teresitas, de las declaraciones de los más de 75 testigos y de las pruebas periciales presentadas por una veintena de expertos "no hay indicios" que lo relacionen con los delitos que se le imputan.
Zerolo, para quien el Ministerio Fiscal solicita una condena de ocho años de prisión por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos y 30 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, aseguró que lleva "doce años de pena de banquillo". "Doce años en los que he estado pensando que este momento iba a llegar, que iba a poder explicar en sede judicial y ante quienes me iban a juzgar, mi inocencia", exclamó.
"Es cierto que no le he hecho caso a mi abogado, que me recomendó que no hablara, porque yo había pensado hace tiempo explicar todo el tema político de esta historia, que empezó con una pelea del PSOE, una pelea que tiene tantas derivadas que todavía sigue hoy, pero tendría que estar seis horas hablando y no lo voy a hacer", apuntó.
El exalcalde aseguró que también pretendía hablar sobre el "trato en la instrucción, de los micrófonos puestos debajo de los colchones" y del "daño sufrido" por él y su entorno familiar por esa "pena de banquillo" a la que ha estado sometido durante tanto tiempo. No obstante, no quiso extenderse en este punto aludiendo, de nuevo, a su letrado quien le había asegurado que "no iba a servir de nada".
El también exsenador por CC dijo que esa "pena de banquillo sufrida durante doce años, a pesar de ser inocente, ha supuesto ver a mi mujer obligada a declarar ante la juez a pesar de que tenía el derecho de acogerse a no hacerlo, pero se le obligó y es la única cinta de todas las grabadas que ha desaparecido. He visto cómo la Policía iba a buscar a mi padre, de 85 años y sordo, para que fuera a declarar y ni siquiera comprobaron si tenía los audífonos puestos. Nadie ha reparado, porque esto es un pueblo pequeño, en las consecuencias que este asunto ha tenido para mis hijos o para mí después de verme obligado a dejar la política", afirmó.
"Me acusan de que el Ayuntamiento compró más caro unos terrenos y que lo había hecho por motivos políticos, por motivos electorales". Sin embargo, aseveró que "hay más de 80.000 folios [de sumario], ha habido testigos, peritos, informes finales de las acusaciones, policías especializados, interventores del Estado e infinidad de medios y, sin embargo, yo me pregunto ¿de qué se me acusa?, ¿qué hizo mal el alcalde?". "Porque en todos esos documentos, pruebas periciales y declaraciones, no he visto ni un solo indicio de que este alcalde actuara de manera desleal con el pueblo de Santa Cruz", aseguró.
El exalcalde, después de 32 días de juicio, insistió en que no sabía cómo explicar que "las valoraciones son aproximaciones a un valor del mercado hechas por diferentes métodos para saber cuál era el valor de los terrenos en el mercado". En su opinión, "ni la valoración de Pía Oramas ni la realizada por la Universidad Politécnica de Cataluña sirven porque son aproximaciones". La exarquitecta municipal valoró las parcelas en 3.210 millones de pesetas (19,5 millones de euros) y los expertos universitarios lo situaron en 12.000 millones de pesetas (72 millones). En este sentido, Zerolo indicó que el "único dato cierto" para saber cuál es el valor de mercado es el precio que la filial de Mapfre (Desursic) pagó a ILT por 120.000 metros cuadrados en la trasera de la playa, 94 millones de euros . La compra pues de los 174.000 metros cuadrados del frente por 52 millones parece razonable, aseguró.
Zerolo destacó que el Ayuntamiento se quedó con una parcela hotelera que hoy el actual gobierno municipal va a sacar a subasta por un precio de salida de 30 millones de euros.
