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Podemos lleva al Constitucional la ley de las 'islas verdes'

La formación morada sostiene que la norma, que califica de "depredadora", da "carta blanca" para cualquier proyecto turístico y vulnera la autonomía municipal

Podemos lleva al Constitucional la ley de las 'islas verdes'

Podemos lleva al Constitucional la ley de las 'islas verdes'

Podemos ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la llamada ley de las islas verdes, aprobada por el Parlamento de Canarias en septiembre para el desarrollo turístico de La Palma, La Gomera y El Hierro. La formación morada ha decidido acudir a la vía judicial para frenar los efectos de la norma ya en vigor y que considera "depredadora del territorio".

Medio centenar de diputados del grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso han apoyado con su firma la presentación de este recurso de inconstitucionalidad para tumbar la ley, que fue aprobada por Coalición Canaria, PSOE, PP y Agrupación Socialista Gomera hace cuatro meses en la Cámara autonómica, con el voto en contra de Podemos y Nueva Canarias.

El Parlamento regional aprobó la propuesta del Cabildo de La Palma de modificar la ordenación territorial de la actividad turística en dicha isla y de La Gomera y El Hierro. Aunque en un principio la institución palmera sólo había solicitado cambiar los artículos 4 y 8 de la Ley de 2002 que afectaban a estas islas, CC y PSOE introdujeron enmiendas durante la tramitación del dictamen que cambiaron sustancialmente el contenido del texto, que es la antesala de Ley del Suelo, ya en la fase de presentación de enmiendas parciales en la Cámara.

Entre sus argumentos, los cabildos de esas tres islas occidentales insisten en la necesidad de acabar con la emigración de sus habitantes y generar riqueza y empleo mediante un desarrollo económico "sostenible", con el turismo como fuente principal. Las corporaciones insulares defienden la preservación de los valores naturales, "como ha ocurrido hasta ahora", en armonía con la sostenibilidad y el crecimiento económico, señalan fuentes de los cabildos, que subrayan que la anterior ley de 2002 era "tan restrictiva" que en el caso de La Gomera sólo se han creado desde entonces nueve plazas alojativas.

Sin embargo, una visión opuesta mantienen desde Podemos, que advierten de las consecuencias negativas de la ley de las islas verdes, "una ley maquiavélica", en palabras de la diputada nacional de Podemos por Las Palmas, Carmen Valido, para quien esta legislación constituye "una carta blanca para la construcción de cualquier proyecto urbanístico en cualquier tipo de suelo" en las tres islas.

Al tratarse de una ley aprobada por el Parlamento la única manera de recurrirla es plantear un recurso de inconstitucionalidad, opción que ha utilizado Podemos. El órgano judicial aún no ha admitido a trámite el recurso.

La organización morada parte de que el sistema español de regulación del suelo es "proteccionista" del medio ambiente y critica que los instrumentos de planificación singular turística que recoge la nueva norma son "excepciones a esos principios generales del sistema y un comodín para saltarse las restricciones". "Se otorga carta blanca para actuaciones turísticas que campen sin limitaciones", señala el recurso, que apunta que, "con la excusa de una razonable voluntad de reactivación económica, se faculta para el otorgamiento de patente de corso sobre las normas de ordenación territorial".

En este sentido, Podemos sostiene que la norma va contra la protección del medio ambiente; la competencia del Estado porque se incumple la ley estatal para la preservación de los recursos naturales y la conservación de los valores medioambientales; y vulnera la autonomía municipal, pues la decisión del cabildo de aprobar instrumentos de planificación singular turística, "que no están restringidos ni determinados, pasa por encima del planeamiento municipal". "Se atropella el principio de autonomía del ayuntamiento", apunta Valido, que denunció que se da "todo el poder a los cabildos para reclasificar suelo si se estima que los proyectos son de trascendencia insular".

Ello abre la puerta por ejemplo a 33 proyectos en La Palma, en concreto 25 hoteles o instalaciones alojativas y ocho infraestructuras, sobre todo portuarias, alertó el arquitecto Faustino García Márquez, que coordinó la redacción de la Ley de Directrices cuando era jefe del Servicio de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias. A su juicio, los instrumentos de planificación singular son "peligrosos, arbitrarios y discrecionales" y están incluidos en las disposiciones adicionales de la ley, que son "pura dinamita".

García Márquez es miembro de la Plataforma contra la Ley del Suelo, que respalda el recurso de Podemos. El experto se opone a que resida sólo en el cabildo de esas islas la capacidad de declarar un proyecto de interés, ya que tales decisiones son "absolutamente discrecionales, ilimitadas y sin condiciones". "La supresión de límites y condiciones son los principales pecados. Se puede hacer un proyecto en cualquier sitio, con cualquier dimensión", protestó.

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