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La Palma abre el debate para dar a la ciudadanía la custodia del territorio

Una enmienda del Cabildo a la Ley del Suelo recibe el respaldo de otras corporaciones insulares y grupos políticos para su tramitación

Turistas en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.

Turistas en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. EFE

Una enmienda del Cabildo de La Palma para introducir en el proyecto de Ley del Suelo la custodia del territorio, estrategias o técnicas jurídicas para implicar a los propietarios y usuarios en la conservación del patrimonio natural, camina con paso firme después de recibir ayer el respaldo inicial de los consejeros insulares del área durante la reunión sectorial de la Federación Canaria de Islas (Fecai) en La Gomera. A la espera de su estudio y debate en sede parlamentaria, la propuesta de la corporación palmera, gobernada por Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista (PSOE), también obtuvo el aval a priori de otros grupos políticos como el Partido Popular (ASG) o la Agrupación Socialista Gomera (ASG).

El consejero palmero de Planificación, el socialista Gonzalo Pascual, explicó que la custodia del territorio constituye un contrato entre la sociedad civil y propietarios de suelo para preservar los valores naturales, culturales y paisajísticos del entorno. Incluido en las leyes de ordenación de otras comunidades españolas como Cataluña o Baleares, el concepto ya se aplica también desde 2015, por ejemplo, en Villa de Mazo, donde la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma empleó 38.000 euros de fondos europeos para involucrar a los ganaderos en la mejora de sus explotaciones y del paisaje del área.

"Espero, confío y deseo que apoyen la enmienda la totalidad de los grupos, la puesta en valor del paisaje y el mayor protagonismo de la sociedad civil están por encima de colores políticos, más allá de los equilibrios parlamentarios está el interés general de la ciudadanía", argumentó Pascual ante los previsibles obstáculos de un proyecto de ley consensuado por CC y PSOE antes de la ruptura del pacto del Gobierno de Canarias, ahora un gabinete nacionalista en minoría tras la destitución de los consejeros socialistas a finales de diciembre. Además, la enmienda a la Ley del Suelo parte de una institución aún gobernada en alianza por los dos partidos, como ocurre en otros tres cabildos y 19 ayuntamientos, por lo que no se prevé un rechazo frontal de los grupos parlamentarios nacionalista y socialista.

No obstante, la reciente ruptura del pacto obliga al presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, a consensuar en el Parlamento de Canarias sus iniciativas legislativas con diversos grupos, en especial PP y ASG. A la espera de un estudio completo, "no me parece mal" la propuesta palmera, adelantó ayer el diputado popular Miguel Jorge

A juicio del también miembro del PP en la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de la Cámara, "una de los asignaturas pendientes en Canarias es la conservación y mejora del paisaje, uno de nuestros valores, y mejor que mejor si es con la sociedad civil". Sin embargo, Jorge recordó que el proyecto de Ley de Suelo ya incluye el concepto de compensar por conservar en terrenos rústicos con protección, cuestionado en el dictamen del Consejo Consultivo, y la Ley 14/2014 de Armonización y Simplificación en Protección del Territorio y de los Recursos Naturales reguló las figuras de los colaboradores o los protectores con el medio ambiente y la sostenibilidad, sin apenas repercusión.

También el presidente de ASG, Casimiro Curbelo, mostró ayer su apoyo inicial a la enmienda de La Palma, porque "tiene mucha lógica y parece razonable". Además, el también máximo responsable del Cabildo de La Gomera, además de presidente de turno de la Fecai, recordó el trabajo conjunto realizado por representantes de los territorios occidentales para la reciente aprobación de la denominada ley de islas verdes.

En el Archipiélago, el concepto de custodia del territorio se presentó en sociedad mediante unas jornadas organizadas a finales de 2015 por la reserva de la Biosfera de la Biosfera La Palma, junto con la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Miembros de instituciones como el Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (Frect), la Xarxa de Custodia del Territori de Catalunya o el Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) expusieron sus experiencias en una isla que, posteriormente, elaboró una estrategia integral e incorporó el concepto en la revisión del Plan Insular de Ordenación.

Después del proyecto piloto en Altos de Mazo, financiado por el programa comunitario Leader para el Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013, la Reserva de la Biosfera La Palma cuenta ahora con 473.000 euros del programa europeo Interreg para impulsar una red de custodia del territorio de la Macaronesia. Además de elaborar una estrategia conjunta para Canarias, Azores y Madeira a lo largo de 2017, el proyecto se concretará el próximo año en actuaciones similares al proyecto de Villa de Mazo y concluirá con un congreso internacional en La Palma durante 2019, según explicó el gerente de la Reserva de la Biosfera, Antonio San Blas. A su juicio, la inclusión de la custodia del territorio en la Ley del Suelo "no entra en conflictividad con ninguna institución, sino que aporta una base jurídica para articular la colaboración pública y privada".

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