Sólo una semana después de celebrada la Conferencia de Presidentes en la que se acordó el inicio de la reforma del sistema de financiación autonómica, el Senado vuelve sobre el asunto y analiza los términos en los que se concretó. La Comisión de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta se reúne hoy por primera vez en esta legislatura para analizar, en base a las conclusiones de la cumbre autonómica del día 17, el futuro del método de reparto de los fondos estatales para cubrir el coste de los servicios básicos que prestan las regiones a los ciudadanos, educación, sanidad y servicios sociales. La sesión abordará de forma específica la situación de Canarias ya que durante la misma se debatirá una moción de Coalición Canaria en la que además de abundar en la necesidad de la reforma del sistema de financiación autonómica, hará hincapié en el déficit de financiación de casi 800 millones anuales que afecta a los servicios públicos en las Islas, y en la necesidad de buscar a las Islas una solución singularizada por si fracasara o se retrasara la negociación entre el Estado y el conjunto de las autonomías.
La moción fue presentada por la senadora autonómica de Gran Canaria María del Mar Julios, y su compañero Pablo Rodríguez, representante de El Hierro, en noviembre pasado y ha sido actualizada en los últimos días a través de una autoenmienda para adaptarla al acuerdo de la semana pasada en la cumbre de presidentes, en el que se asumían algunos de los postulados del Archipiélago para que el principio de solidaridad garantice que se tendrá en cuenta el sobrecoste que supone la lejanía y la insularidad.
Pero la propuesta de los senadores nacionalistas incide algo más en esta garantía y, además de reclamar de forma urgente la renegociación del sistema, exi- ge que, en todo caso, tenga efec-tos sobre este mismo año, es de-cir, que las próximas entregas a cuenta se calculen ya con el nuevo sistema.
Alternativa
Eso en caso de que se lograra un acuerdo general entre el Estado y el conjunto de las comunidades autónomas, porque si no fuera así, Coalición Canaria reclama que se busca "una alternativa singular y bilateral que se ajuste a las necesidades de Canarias como región ultraperiférica (RUP)". De esta forma, los nacionalistas buscan que, con o sin nuevo sistema pactado, Canarias no vuelva a verse perjudicada especialmente por el hecho de que el Régimen Económico y Fiscal (REF) le compute como mecanismo de de financiación y que ello le impida participar de otros fondos del sistema, como sería el caso del Fondo de Competitividad.
Este será precisamente uno de los argumentos que expondrá en la propia comisión la consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila, en el posterior debate con motivo de la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno central y ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, para dar cuenta de los diez acuerdos suscritos en la Conferencia de Presidentes.
Dávila sostendrá los principios que inspiren el nuevo modelo han de ser los de solidaridad, tal como propuso Canarias para su incorporación al acuerdo del pasado martes, suficiencia, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal, y con ello garantía de acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad independientemente del territorio en el que se viva.
El Gobierno de Canarias ha dado especial relevancia a los acuerdos de la cumbre, en especial el de la financiación autonómica, y, a expensas de las negociaciones y trabajos que se avecinan para la creación de comisiones y grupos de expertos que desarrollen los mismos, los ha valorado como un punto de partida positivo.
Sindicatos y empresarios
Para explicar su contenido, alcance e interpretación que hace el propio Ejecutivo canario, su presidente, Fernando Clavijo, convocará en los próximos días reuniones con las diferentes fuerzas políticas del Archipiélago, así como a los agentes sociales representados por sindicatos y asociaciones empresariales, tal como avanzó ayer Rosa Dávila tras el Consejo de Gobierno.
Por otro lado, la comisión de Comunidades Autónomas del Senado también abordará hoy otra moción relacionada con la forma en cómo el Estado asume el encaje canario en la financiación territorial y en este caso con la adopción de determinadas medidas para paliar los problemas estructurales y de desarrollo inherentes a la doble insularidad que afecta a las islas menores.
Es una propuesta de la senadora de La Gomera, Yaiza Castilla, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), en la que se insta al Gobierno central a "calcular" esos costes a través de "indicadores y parámetros actualizables" que sirvan para establecer las compensaciones necesarias, entre ellas inversiones en infraestructuras portuarias, e incrementar al 100% las bonificaciones al transporte de pasajeros y mercancías.
