Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, tiene previsto mantener en su puesto al vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana, Juan Manuel Brito, en contra del criterio de Podemos, que lo expulsó definitivamente el pasado martes de la formación morada. El partido de Pablo Iglesias exige a Morales que cumpla la Ley de Cabildos, que entró en vigor en junio de 2015, y aparte a Brito del gobierno insular y le mande al grupo de los no adscritos si no devuelve el acta al partido por el que fue elegido consejero. La norma aprobada para evitar el transfuguismo prohíbe a los no adscritos percibir un sueldo, pues impide que se les reconozca la dedicación exclusiva o parcial.
Brito ya ha anunciado que va a demandar su expulsión ante los tribunales al entender que la resolución de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos vulnera sus derechos fundamentales y no afecta a sus cargos en el gobierno insular. La oposición en el Cabildo (PP, Unidos Por Gran Canaria y Coalición Canaria) coinciden con la dirección regional de Podemos y piden a Morales que cumpla la ley. Según la interpretación de estos grupos, los no adscritos no podrán tener responsabilidades en el gobierno ni percibir retribuciones económicas.
Brito y Morales aludieron ayer a una interpretación distinta de la norma, que cuenta con pocos precedentes pues se puso en marcha un mes después de las elecciones de 2015 que dieron lugar al pacto tripartito en el Cabildo grancanario entre Nueva Canarias, el PSOE y Podemos. Según Brito, los servicios jurídicos del Cabildo interpretan que él ya estaba nombrado antes de la expulsión de Podemos y, por lo tanto, se puede mantener en el gobierno.
Antonio Morales, quien indica que no le ha llegado ninguna comunicación oficial desde Podemos, expone que "por consultas verbales, los servicios jurídicos no coinciden con lo que han expresado los portavoces de la oposición". "Nos apuntan los técnicos que el presidente lo puede mantener de consejero sin problema porque eso no choca con la ley, porque es un consejero que ya ha sido designado por el presidente", previamente a ser expulsado, reitera.
Según Morales, cuando le llegue la comunicación de Podemos pedirá los informes correspondientes y, en todo caso, actuará con "la cautela necesaria si, como él ha expresado públicamente, va a recurrir a los tribunales para defender sus derechos fundamentales".
Brito señala que presentará la demanda la próxima semana, pues considera que "no ha sido un proceso garantista". A su juicio, la dirección de Podemos "debilita el movimiento del cambio" al "expulsar a gente e imponer un estilo de política", distinto al que predica la formación morada. Brito, que se integró en Sí Se Puede, ha denunciado que la pretensión de Meri Pita, secretaria general de Podemos en Canarias, es hacer una "purga política" para evitar que le haga competencia de cara a la próxima asamblea regional de la formación donde se deben elegir de nuevo los órganos orgánicos de dirección.
Por su parte, la oposición en el Cabildo tiene claro que la ley impide al consejero expulsado de Podemos seguir en el gobierno insular, independientemente de que presente una demanda en los juzgados. Para Fernando Bañolas (CC), Brito "debe dejar sus responsabilidades y emprender las actuaciones legales que considere oportunas, y una vez se pronuncien los juzgados puede retomar o abandonar sus cargos, pero lo que dicen ahora de esperar a que sean los juzgados los que decidan es una tomadura de pelo". En su opinión, Podemos, NC y el PSOE "fueron contundentes contra el transfuguismo".
Según Felipe Afonso (PP) "cuando Podemos notifique su expulsión al Cabildo se tendrá que aplicar inmediatamente la ley y, si no dimite, pasa a ser no adscrito lo que significa que no podrá tener competencias ni cobrar". José Miguel Bravo de Laguna, de Unidos por Gran Canaria, coincide en que es "una ley plenamente aplicable a este nuevo mandato y el recurso cabe, pero por esa línea se podrían dilatar indefinidamente la toma de decisiones".
