La expulsión del consejero insular Juan Manuel Brito de Podemos continúa generando incertidumbre en el Cabildo de Gran Canaria. El presidente de esta Corporación, Antonio Morales, aclara que se reunirá con la dirección de la formación morada la próxima semana y con los consejeros de ese partido para definir el futuro de Brito en la institución.

A través de un comunidado, Morales mantiene que no adoptará ninguna decisión sobre la continuidad de Brito en sus puestos de vicepresidente segundo del Cabildo y consejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana hasta que el partido de Pablo Iglesias le informe de su expulsión definitiva. "Sin la recepción de esa comunicación, el Cabildo no puede poner en marcha ningún tipo de acción", sostiene.

A partir de la próxima semana, el presidente insular comenzará una ronda de contactos para analizar las consecuencias del nuevo escenario que se abre. De un lado, se reunirá con el propio Brito para determinar los efectos que su expulsión tienen tanto para él como para el grupo de Gobierno, integrado por Nueva Canarias (NC), PSOE y Podemos. De otro, Morales se abre a escuchar la "interpretación" que realiza la formación morada de esta situación.

La secretaria de organización del partido en las Islas, Conchi Moreno, ya ha explicado que si Brito no devuelve el acta a Podemos y sale del Cabildo, la formación exigirá a Morales que aparte al consejero de sus cargos aplicando la Ley de Cabildos y la de Municipios de Canarias, aprobada en 2015, con lo que el presidente insular tendría que colocar a Brito en el grupo de los no adscritos.

Asimismo, Morales anuncia que también mantedrá un encuetro con los tres consejeros de Podemos que quedan en el Cabildo: Miguel Montero, Ylenia Pulido y María Nebot, cercana a Brito ya que junto a él impulsaron Sí Se Puede en Gran Canaria. La finalidad de esta reunión, según recoge la nota, es tener "en cuenta sus valoraciones".

Desde el momento en que el Cabildo de Gran Canaria reciba la comunicación de la expulsión de Brito de Podemos, los servicios jurídicos de la institución elaborarán un informe que debe pronuniarse sobre dos cuestiones. Por un lado, si la resolución de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal de la formación morada se paraliza una vez que Brito recurra su expulsión ante los Tribunales. Y, por otro, que estudie la Ley de Cabildos, que hasta el momento ha sido interpretada de distintas formas, para que aclare si hay que apartar a Brito de los puestos que ostenta o si la norma permite que continúe en el grupo de Gobierno.