El Tribuna Supremo (TS) ha dado la razón al Gobierno de Canarias en el pleito emprendido con el Estad por las compensaciones económicas derivadas de la atención sanitaria de los militares.
El Gobierno regional firmó en diciembre de 1986 un convenio con la Seguridad Social y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) para proporcionarle cobertura sanitaria a sus mutualistas en la Comunidad Autónoma de Canarias, pero los servicios jurídicos regionales denunciaron ese concierto en 2012 y el Abogado de Estado reclamó su continuidad ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El tribunal canario falló en enero de 2015 a favor de las Fuerzas Armadas, pero la Sala Segunda del Tribunal Supremo revoca ahora esa primera resolución del TSJC y concede la razón en el fondo del pleito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, según recoge la sentencia hecha pública ayer por el gabinete de prensa del Alto Tribunal.
La Sala de Canarias estimó la demanda del Instituto Social de las Fuerzas Armadas porque consideró que la denuncia del convenio hecha por Sanidad no estaba lo suficientemente motivada, según uno de los argumentos empleados por el Abogado del Estado para recurrir la resolución unilateral del concierto. La rescisión del contrato se produjo al no estar conforme el Gobierno de Canarias por las compensaciones económicas del Estado para cubrir los gastos sanitarios y farmacéuticos derivados de las atenciones médicas a los militares, explica la sentencia del Alto Tribunal, que tiene como ponente a Rafael Toledano Cantero.
El magistrado explica en su resolución que no existe la falta de motivación planteada, pues ésta ha de valorarse en función de las exigencias del propio convenio y, en ese sentido, el Gobierno ha cumplido "suficientemente" con las obligaciones establecidas.
En este sentido sólo era necesario expresar la voluntad de denunciar el convenio con una antelación de tres meses, una posibilidad que viene recogida en la cláusula decimoquinta del acuerdo firmado. De ahí que el Alto Tribunal no aprecie "indefensión ni lesión de las obligaciones de buena fe y lealtad institucional al ajustarse el acto de denuncia a los requerimientos del convenio", destaca la sentencia, que es firme porque contra la misma no cabe recurso.
Y no sólo descarta el tribunal mala fe o deslealtad institucional por parte del Gobierno de Canarias al denunciar el convenio, sino que destaca sus esfuerzos por renegociar un concierto "obsoleto", de 1986, cuyas prestaciones no se ajustan a las realidades económicas actuales.
Por tanto, además de cumplir con el plazo de tres meses, la actuación de Sanidad está justificada por la larga duración del convenio en el tiempo. "No cabe excluir la facultad de denuncia cuando una de las partes vinculadas invoque razones serias y fundadas para ello, como es el caso", razona la sentencia, que viene firmada por los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (presidente), Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Celsa Pico Lorenzo, María del Pilar Teso Gamella, José Luis Requero Ibáñez y el ponente Rafael Toledano Cantero.
El Tribunal Supremo recuerda que el expediente administrativo objeto del recurso revela una serie de "desavenencias" que están relacionadas con determinados aspectos de la compensación económica por prestaciones y por compensación de gastos tales como la dispensación farmacéutica hospitalaria, entre otras.
"La consecuencia es que no cabe entender, al menos no hay prueba, de que la denuncia hubiese sido una reacción sorpresiva e inesperada o que ignorasen las razones de la misma, tanto en lo formal como en la razón del motivo expresado", sostienen los magistrados para rechazar la falta de motivación en la que se apoyó la Abogacía del Estado para ganar el pleito en primera instancia.
El convenio fue suscrito el 30 de diciembre de 1986 con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Desde entonces se venía prorrogando todos los años de manera tácita, hasta que el Gobierno canario, tras fracasar en las negociaciones para mejorarlo, decidió denunciarlo el 6 de septiembre de 2012 con el argumento de que "la actual realidad legislativa en materia sanitaria lo ha dejado obsoleto; además de generarse descompensación económica perjudicial para esta Administración".
