La Audiencia de Cuentas de Canarias ha instado a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Gobierno autonómico a que retenga un 2% de los pagos que en tal caso correspondan a los tres cabildos y cuatro ayuntamientos que no cumplieron el deber de colaborar con la institución en la fiscalización del sector público local. Las siete entidades que ignoraron a la Audiencia de Cuentas son las corporaciones insulares de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro y las municipales de Teror y Valsequillo, en Gran Canaria; Adeje, en Tenerife; y Puntallana, en La Palma. Además, hay también seis mancomunidades que tampoco atendieron a sus obligaciones con el órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma, de modo que les afecta igualmente la orden de retención de pagos.
Fue el 23 de enero cuando la Audiencia de Cuentas, que preside Rafael Díaz Martínez, informó al Parlamento de Canarias del incumplimiento del deber de colaboración en que incurrieron esas 13 entidades del Archipiélago en relación con la fiscalización del sector público local correspondiente al ejercicio de 2015. Se trata de las 13 instituciones que hicieron caso omiso de las solicitudes de la Audiencia hasta en dos ocasiones, es decir, que ignoraron también el requerimiento conminatorio.
Hay que recordar que la ley establece unos plazos para que las instituciones cumplan su deber y, en definitiva, para que remitan al órgano dependiente de la Cámara la documentación que este les haya solicitado. Cuando los cabildos, ayuntamientos y demás entidades no colaboren, sea por el motivo que sea -porque no envíen la información, porque practiquen el obstruccionismo o porque no respeten los plazos-, se abre el período conminatorio.
Es entonces cuando las instituciones exigidas suelen "ponerse las pilas", según las fuentes consultadas, y se atienen al fin a las peticiones del organismo fiscalizador. No en vano, y de no atender el requerimiento conminatorio en un plazo de 15 días, la Audiencia de Cuentas declarará incumplidora a la entidad en cuestión y exhortará al Gobierno de Canarias a descontar de las transferencias que le correspondan dos euros de cada cien. En este caso, sin embargo, ni esa amenaza legal evitó que esos tres cabildos y cuatro ayuntamientos siguieran ignorando al órgano vinculado al Parlamento. En concreto, y tal como consta en la resolución de la Audiencia, las siete corporaciones locales continuaron sin remitir la documentación solicitada, y como ellas seis mancomunidades: la Mancomunidad de Municipios de Gran Canaria para la Potenciación de las Energías Renovables, Inversión y Desarrollo; la Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria; la Mancomunidad Sur de Lanzarote Yaiza-Tías; la Mancomunidad San Juan de la Rambla-La Guancha; la Mancomunidad Isla de Lanzarote (Rensuital); y la Mancomunidad Norte de Tenerife.
Informe al pleno
Al margen de instar al Ejecutivo a que retenga pagos, medida que se aplicará hasta que las instituciones cumplan el deber de enviar la documentación y Cuentas compruebe que está completa y que satisface todos los requisitos necesarios para llevar a cabo la fiscalización, la Audiencia también ha comunicado por escrito el incumplimiento a cada una de esas 13 entidades, "con la obligación de dar cuenta a sus respectivos plenos a fin de que tomen conocimiento del mismo y se proceda a la exigencia de las responsabilidades en que se hubiera incurrido".
De hecho, la propia legislación al respecto establece que la retención de pagos no siempre termina con el conflicto, ya que puede haber responsabilidades penales y administrativas.
