El Tribunal Supremo ha dado de nuevo la razón al Gobierno canario en su denuncia de los conciertos de 1985 y 1995 que le comprometían a ofrecer asistencia sanitaria a los afiliados a la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (Muface) y la Judicial (Mugeju).
En dos sentencias hechas públicas hoy se suman a la emitida semana pasada por el Supremo también a favor de Canarias respecto a su denuncia del concierto que se mantenía con el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) desde 1986.
La Consejería de Sanidad del Gobierno canario decidió hace cinco años denunciar los tres convenios, pero el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma (TSJC) dejó sin validez su acuerdo, por entender que no tenía la suficiente motivación.
El Supremo vuelve a considerar en estas dos nuevas sentencias sobre los conciertos con Muface y Mugeju que lo que se debe juzgar es la voluntad de denunciar el convenio, el cual contiene una cláusula que prevé la posibilidad de oponerse a su continuidad sin más exigencia objetiva que la de hacerlo con al menos tres meses de tres meses, requisito que no se ha cuestionado.
Así mismo, señala que no cabe entender que esta denuncia fuera una "reacción sorpresiva e inesperada" por parte del Gobierno de Canarias o que se "ignorasen las razones" de la misma.
El alto tribunal tampoco entiende que haya habido indefensión, como apreció el TSJC, porque el acto de denuncia se ha ajustado a los requerimientos del convenio, así como al plazo exigido para comunicar esta decisión.
Para los magistrados, en modo alguno cabe constatar que haya existido lesión de las obligaciones de buena fe y lealtad institucional, pues por dilatada que haya sido la vigencia de ambos convenios, no cabe excluir la facultad de denuncia cuando una de las partes vinculadas invoque razones serias y fundadas para ello.
