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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Los recortes del Estado paralizan más de 40 obras hidráulicas en el Archipiélago

Gran Canaria es la isla con más infraestructuras de interés general pendientes de ejecutar, hasta una veintena

Instalaciones de la planta desaladora de Granadilla.

Los recortes del gobierno del Partido Popular a consecuencia de las restricciones presupuestarias han impedido ejecutar más de 40 obras hidráulicas en la Comunidad Autónoma. Trabajos de remodelación de infraestructuras más o menos obsoletas, mejoras del saneamiento, instalaciones para la desalación de agua de mar... Así hasta un total de 43 obras de interés general del Estado, y por tanto incluidas en el convenio de colaboración entre el Gabinete estatal y el Ejecutivo autonómico, que la falta de fondos mantiene aplazadas, en muchos casos sine die.

Un problema que afecta a cinco de las siete islas -a todas menos a La Gomera y El Hierro- pero que es mayor en Gran Canaria, donde son hasta una veintena los trabajos -instalaciones desaladoras de agua de mar, redes, potabilizadoras, balsas, infraestructuras de depuración, etcétera- que están en estos momentos en el aire casi nueve años después de la firma del acuerdo original entre el entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la que fuera Consejería de Obras Públicas durante el primer mandato de Paulino Rivero en el Gobierno regional. Al margen de las 20 obras pendientes en Gran Canaria, hay otras diez en la misma situación en Tenerife, seis en La Palma, cuatro en Lanzarote y tres en Fuerteventura, según la información oficial consultada.

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, departamento que dirige Narvay Quintero, explicaron ayer que precisamente en estos momentos se están ya analizando junto con los cabildos las prioridades en materia de obras hidráulicas de cara al nuevo convenio con el gabinete de Mariano Rajoy. No en vano son las corporaciones insulares las que deciden qué obras se ejecutarán en el marco del próximo acuerdo, si bien es la consejería la que luego negocia con el Ministerio. En cualquier caso, la consejería que lidera el político herreño ha trasladado a los responsables del área de Aguas en los distintos cabildos la importancia de dar prioridad a las obras que incrementen la cuota de aprovechamiento y almacenamiento, de modo que se minimicen todo lo posible las pérdidas de agua en la red, algo fundamental en un territorio como el del Archipiélago, con islas que, como Lanzarote o Fuerteventura, tienen unos recursos hídricos mínimos.

Sea como sea, serán los gobiernos insulares los que finalmente decidan qué trabajos priorizar, con lo que existe la posibilidad de que algunas de esas 43 obras que nunca se han ejecutado, o cuando menos no del todo, queden ahora relegadas. En otras palabras: el tiempo transcurrido desde diciembre de 2008, cuando tuvo lugar la rúbrica del convenio, puede haber alterado las necesidades en cada una de las islas, con lo que ahora puede resultar más urgente ejecutar trabajos que en aquel momento no eran tan necesarios.

El convenio de obras hidráulicas con el Estado tenía previsto inicialmente un período de actuación que finalizaba en 2012, aunque existía la posibilidad de prorrogarlo. De hecho, en adelante han venido suscribiéndose prórrogas que, sin embargo, se han visto influidas por los recortes que el Gobierno central realizó al acuerdo y que supusieron el replanteamiento de algunas obras, tal como apuntaron desde la consejería. En total se formalizaron cuatro modificaciones, las dos primeras para reajustar las anualidades económicas, la tercera para prolongar el convenio dos años más, hasta 2017, y reducir el convenio en 18 millones y la cuarta para aclarar dos cláusulas.

En 2012, el Ejecutivo estatal decidió recortar los fondos del capítulo VII, el que gestiona el Gobierno de Canarias, en más de un 70% sobre lo previsto, con lo que se pasó de 59 a 17 millones de euros. A esa reducción se sumó un año después una bajada de la anualidad del convenio de hasta un 36%, es decir, de 36 a 23 millones, de los cuales seis millones de euros correspondían a transferencias pendientes de realizar por parte del Ministerio correspondientes a certificaciones justificadas en 2012, con lo que realmente se asignaron 17 millones.

El reajuste de anualidades que puso en práctica el Ministerio en 2012 y 2013 supuso, por tanto, una minoración del 57%, o lo que es lo mismo, de 55 millones de euros. En 2015, los presupuestos estatales destinaron un total de 29,14 millones de euros, un incremento de la partida con respecto al año anterior del 38,76% que, no obstante, "no llegó a compensar lo perdido en los años 2013-2014, que representó el 57%". En 2016, explican desde la consejería, " volvemos a experimentar una reducción, con lo que no veremos compensado, en ningún caso, el descenso que el Gobierno central impuso por lo que denominaron falta de fondos". "Estas fluctuaciones en la dotación y los recortes sobre cantidades ya determinadas han producido desfases en las obras que se habían planificado con cargo al convenio", apuntaron.

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