La de Canarias es una de las dos únicas comunidades autónomas del país, junto con la de Madrid, que han merecido el calificativo de "entorpecedoras" por parte del Defensor del Pueblo. El Ministerio de Fomento y hasta una treintena de ayuntamientos figuran también entre las instituciones que obstaculizan la labor del organismo que dirige Soledad Becerril.

El Defensor del Pueblo dio a conocer ayer el informe anual de actividades correspondiente a 2016, en el que pone de manifiesto que incluso ha tenido que elevar una decena de casos en los ayuntamientos a la Fiscalía General del Estado para que ejerza las acciones oportunas, si fuera el caso, contra los respectivos alcaldes. Ninguno de estos diez expedientes corresponde a consistorios del Archipiélago.

En cuanto a Canarias, la institución revela que la Agencia Tributaria Canaria en la provincia de Las Palmas no contestó en 2016 -ni siquiera tras el tercer requerimiento- a una petición formulada en agosto de 2015 sobre la exención del pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana de una vivienda perdida como consecuencia de un procedimiento de ejecución tributaria. Además, fueron un total de 645 las quejas procedentes de la región, un 3,7% más que el año anterior.

En cabeza

Mejor parado resultó ayer el Parlamento de Canarias, que en la primera edición del ranking de Transparencia Internacional sobre las Cámaras legislativas autonómicas resultó en el segundo puesto, es decir, como el segundo Parlamento más transparente del país. La Cámara que preside Carolina Darias, con 98,8 puntos, se sitúa solo por detrás de la de Madrid (cien puntos) y delante de la de Castilla-La Mancha (98,1).