La llegada de José Manuel Baltar al cargo de consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias ha permitido a la Hacienda autonómica "detectar" un conjunto de facturas impagadas que suman 241 millones. Se trata de obligaciones de pago contraídas durante 2016 por el departamento que el antecesor de Baltar, Jesús Morera, dirigió hasta el 23 de diciembre, cuando se produjo la ruptura del acuerdo de gobierno entre CC y el PSOE. En concreto, y según detalló ayer la responsable de la Consejería de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila, las facturas corresponden al Servicio Canario de la Salud (SCS), al frente del cual estaba Roberto Moreno, y abarcan todo el ejercicio.

La "grave" situación descubierta, en palabras del propio Baltar, ha desembocado en que la Administración autonómica incumpla el período medio de pago a proveedores, una realidad que Dávila avanzó tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer y que el Ejecutivo estatal dará a conocer oficialmente en la próxima actualización del boletín que mide el cumplimiento de este parámetro en cada una de las regiones. La portavoz del Gabinete que preside Fernando Clavijo explicó que el período medio de pago a los proveedores era de 9,96 días en enero del año pasado, uno de los mejores datos del país. En el último enero, sin embargo, esos menos de diez días eran ya 32,49, de modo que "Canarias incumple por primera vez", subrayó la consejera. Es más, Dávila aseveró que esa media de días que la Administración tarda en abonar los servicios a sus proveedores supera los 41 en el caso del SCS, "frente a los 14,55 de enero de 2016". En definitiva, la responsable de la Hacienda sentenció que "la gestión de las facturas del Servicio Canario de la Salud se ha visto gravemente deteriorada, llevando al conjunto de la Comunidad Autónoma [el SCS es uno de los órganos públicos de mayor volumen de contratación] al incumplimiento de uno de los objetivos de estabilidad".

Dávila y Baltar no escondieron, en consecuencia, que se han encendido las alarmas en el seno del Gobierno, de ahí que ambos consejeros hayan avanzado ya en la redacción de un plan conjunto que permita "reconducir" la situación. El objetivo del Ejecutivo es que en un plazo de seis meses se vuelvan a abonar las facturas antes de los 30 días, que es el plazo que distingue el aprobado del suspenso. Para ello, Hacienda "monitorizará" diariamente el pago de facturas en el SCS: en primer lugar el de aquellas "ya contabilizadas", que suman 53 millones de euros; en segundo lugar, el de aquellas otras "que se encuentran en fase preliminar" y que cuentan con asignación presupuestaria, que llegan a 67 millones; y por último, el de las que aún no tienen partida específica y que ascienden a 121 millones.

Además, Baltar avanzó que se incorporará entre los objetivos a cumplir en los programas de gestión convenida de las instituciones sanitarias el periodo de pago a proveedores, lo que se evaluará mensualmente.

Desde el PSOE no tardaron ayer en salir en defensa del exconsejero Morera. Los socialistas argumentaron que el origen del problema está en el cierre adelantado de los presupuestos de 2016, en virtud del cual las consejerías "dejan el control de sus pagos en manos de Hacienda". En esta línea se expresaron en la red social Twitter tanto Ricardo Redondas, ex director general de Salud Pública, como la que fuera vicepresidenta del Ejecutivo hasta la ruptura con CC, Patricia Hernández, y el portavoz en el parlamento Iñaky Lavandera en un comunicado. Desde las filas del PSOE recordaron que, de hecho, el período medio de pago estaba dentro de lo establecido aún a mediados del año pasado. Sin embargo, fuentes de Hacienda puntualizaron, por el contrario, que fue precisamente el cierre presupuestario el que permitió "pagar las desviaciones" en Sanidad -toda vez que el resto de consejerías no podían iniciar nuevos expedientes- y que el desajuste en las facturas "comienza desde el inicio del año, no en septiembre", que fue cuando se efectuó el cierre. "Esto no ocurre en dos meses; es el fruto de la falta de dirección en Sanidad", aseguraron desde el Gobierno, desde donde también puntualizaron que el problema no se produjo en ninguna otra área, "y el cierre fue para todas". Dávila incluso afirmó tras el Consejo que ella misma venía avisando "reiteradamente" al SCS de la necesidad de tomar medidas.

Al margen de esta controversia, Baltar tuvo también palabras para el plan sanitario aprobado días atrás en el Parlamento autonómico y que reconoció "inalcanzable". El responsable de Sanidad ve una "pena", dijo, que "por 14 o 15 palabras" no se produjera un acuerdo unánime -CC se abstuvo- y que "se prefiriese marcar plazos inalcanzables". "La cuestión resulta un insulto a la inteligencia", llegó a decir Baltar sobre unos objetivos en listas de espera e infraestructuras que no pueden asumirse a corto plazo, lamentó.

Precisamente ayer, el director del SCS, Conrado Domínguez, se reunió con representantes de la Mesa Sectorial de Sanidad para abordar el Compromiso por la Mejora de la Sanidad, en el que se quiere implicar a todos los agentes sociales.