El denunciante del 'caso Unión', Carlos Espino, ha asegurado este lunes, tras conocer el auto del magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba que anula la primera grabación que realizó el propio Espino cuando era consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote al empresario Fernando Becerra el 5 de junio de 2008 y que dio origen a esa causa, que cabría esperar dicha resolución debido a que "el juez Salvador Alba dio a conocer una grabación realizada por él mismo a sus compañeros en la que se le escucha decir que hay cuestiones previas y hay que esperar a ver cómo termina este juicio".

De dicha manifestaciones de Alba, según Espino, "se desprende que el juez ya anticipaba de alguna manera, por decirlo de alguna manera suave, que no habían elementos que le generaban dudas y por eso se esperaba una resolución en ese sentido".

Espino grabó a Becerra bajo el control de agentes de la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras denunciar ante la Benemérita un intento de soborno. Becerra, que ha reconocido los hechos, sobornó a Espino por orden, supuestamente, de Lleó, y le ofreció 600.000 euros para que desbloqueara la situación administrativa de la parcela Costa Roja, en Playa Blanca (Yaiza), cuyas obras, promovidas por Lleó, suspendió la Justicia en 2007 tras la denuncia del Cabildo de Lanzarote por diversas irregularidades en la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Yaiza, entre ellas, una edificabilidad cuatro veces superior a la permitida y la autorización de un uso residencial de la parcela pese a que el establecido por el planeamiento era turístico. Estaba prevista la construcción de 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje. La Fiscalía pide año y medio de prisión para Becerra tras confesar los hechos y seis años para el abogado y empresario Lleó por cohecho.

El auto de Alba, con fecha del pasado 10 de abril, que no invalida el resto del procedimiento, estima parcialmente las cuestiones previas planteadas por la representación de Lleó, principal investigado en el procedimiento, y declara no solo la nulidad de la grabación de audio realizada el 5 de junio de 2008, sino también las sucesivas de audio y vídeo que documentaban presuntamente las reuniones mantenidas por Espino y Becerra el 24 de julio, 12 de noviembre y 3 de diciembre de 2008. Asimismo, Alba ordena que "debe procederse al desglose de las mismas y su exclusión de este procedimiento" y justifica la anulación de la grabación del 5 de junio de 2008 en el hecho de que la misma se obtuvo "de forma preordenada a la obtención de pruebas materiales de un delito que se sabía que se podía cometer". Igualmente, considera que la prueba se hizo "de forma subrepticia y teledirigida, no de forma espontánea" y que la versión que se ha aportado es "con cortes".

Espino, que es denunciante del caso pero no está personado como acusación particular, aclara que "sería la Fiscalía, si así lo considera procedente, la que deberá recurrir este auto de Alba ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)". Añade que en caso de que el TSJC respalde el auto de Alba, "desaparecía uno de los elementos probatorios, pero hay otros suficientes para que el procedimiento pueda seguir, puesto que no han sido anuladas las conversaciones telefónicas que interviene la Guardia Civil y, a parte, está la confesión de Becerra reconociendo los hechos".

La Fiscalía ha anunciado su intención de recurrir ante el TSJC el auto de Alba por el que se anula la grabación que dio origen al 'caso Unión' y ya trabaja en el citado recurso.

La vista sobre las cuestiones previas, antesala del juicio oral, se celebró el pasado 2 de febrero en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, presidida por Alba. El procedimiento para esta pieza del 'caso Unión' será por el tribunal de jurado. El Consejo General del Poder Judicial y el TSJC tramitan acciones displinarias o penales contra Alba a raíz de que preparara, presuntamente, una declaración junto al empresario Miguel Ángel Ramírez para perjudicar a la magistrada Victoria Rosell, que en ese momento estaba de excedencia tras concurrir a las elecciones al Congreso de los Diputados por el partido Podemos.

El 'caso Unión' investiga una supuesta trama de corrupción en la que están investigados, políticos, funcionarios y empresarios. Algunas de las alrededor de diez piezas separadas que la integran ya han sido juzgadas, como son la del Teatro Insular, la licencia de la casa del arquitecto Carlos Morales, Proselan, Casa de Los Rostros y los pagos al abogado y ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez Batllori.