Las medidas penales de la Audiencia Provincial en el caso Las Teresitas que van a presentar previsiblemente más problemas a la hora de su cumplimiento son las indemnizaciones millonarias que afrontan los seis condenados. Así lo aseguraron ayer los juristas consultados. Aparte de las penas de cárcel, el tribunal obliga a los seis culpables de las irregularidades urbanísticas a indemnizar con un total de 61,7 millones de euros al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 52,5 por los terrenos del frente de playa de Las Teresitas y 9,1 por los terrenos de Las Huertas, en la parte trasera de la playa.
La Fiscalía, a petición propia o de las acusaciones, puede exigir medidas al juez para garantizar el cobro de esas cantidades durante todo el proceso. No la ha hecho hasta ahora pero lo puede hacer aunque la sentencia no sea firme y esté pendiente de los recursos de las partes. Lo más probable en este caso, sin embargo, es que el juez exija ese dinero a los penados cuando la sentencia sea firma, momento a partir del cual si alguno de ellos no cumpliera con este exigencia vería embargadas sus cuentas.
El problema vendría si los condenados alegan insolvencia. Hay que tener en cuenta que si se divide el total del dinero requerido entre los seis condenados a partes igual -siempre sin contar con los intereses, que incrementarán esos 61 millones de euros-, cada uno tendrá que pagar más de 10 millones de euros, el dinero defraudado al Ayuntamiento capitalino.
Pero hay más dificultades. En paralelo al proceso penal, el Ayuntamiento recurrió por la vía civil para reclamar más de 74 millones de euros a los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia por esta misma operación de Las Teresitas. La juez María del Carmen Serran suspendió el 2 de marzo del año pasado la causa civil hasta que se resolviera la penal. Pero como la sentencia penal conocida ayer incluye el pago de las indemnizaciones, es probable que la causa civil se archive, una decisión de todos modos que está por determinar.
Otro problema radica en si dos de los penados, Manuel Parejo y Antonio Plasencia, tienen a su nombre medios suficientes para afrontar dos indemnizaciones millonarias. Parejo, la de Las Teresitas y el pago del derribo del mamotreto, caso en el que también fue condenado -la demolición, todavía pendiente, costará más de 500.000 euros-; y Plasencia, el de la playa y el de los barrancos de Güímar. El constructor fue condenado el año pasado por las extracciones ilegales en los barrancos del municipio sureño de Tenerife a poner 52 millones de euros para reponer las zonas dañadas.
