Gerardo Pérez, doctor en Derecho por la Universidad de La Laguna y profesor de este centro, abogó ayer por endurecer las condenas por el delito de prevaricación en el Código Penal español. Pérez llamó la atención, en referencia a la sentencia del caso Las Teresitas, dada a conocer este jueves, sobre el hecho de que los seis condenados recibieron las condenas de cárcel únicamente por el delito de malversación de caudales públicos, pero por el de prevaricación, uno de los más típicos de los casos de corrupción pero que solo es penado con inhabilitaciones absolutas, para el voto o para el ejercicio de un cargo público o una actividad.

"Es discutible que solo se establezcan penas de inhabilitación para los casos de prevaricación, especialmente en algunos casos que tienen gravedad. Prevaricar forma parte de la actuación prototípica de los corruptos y creo que se debería estudiar endurecer las penas por este delito en algunos procesos para frenar la proliferación de casos de corrupción es España", aseguró el profesor de la Universidad de La Laguna.

Según el artículo 404 del Código Penal español, el delito de prevaricación consiste en lo siguiente: "La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo", añade que "se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años".

En el artículo 405, por otro lado, hay otro precepto que también se considera prevaricación: "A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello". Añade este apartado del Código que "se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años".

Los seis condenados del caso de la playa de Las Teresitas fueron sentenciados a años de inhabilitación por este delito, los dos empresarios, Antonio Plasencia e Ignacio González, en calidad de cooperadores necesarios.