La visita a las Islas esta semana el secretario de Estado de Servicios Sociales, Mario Garcés, ha acrecentado la brecha entre una y otra administración en relación a los fondos y la gestión de las ayudas a la Dependencia. Sin acabar la semana dos han sido los encontronazos entre una y otra administración: errores en la contabilidad de los solicitantes a los que se da de alta por parte del Imserso y, ayer mismo, el desmentido del Gobierno de Canarias de que el Estado aporte el 50% de los recursos del sistema de Dependencia, tal como aseguró Garcés. La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, rebajaba ayer el porcentaje al 13,86% .

"No solo Canarias, sino todas las comunidades autónomas están muy molestas por estas declaraciones, que nos hace pensar que todas las convocatorias a las que estamos siendo llamadas para hablar precisamente de financiación en materia de dependencia, no tienen ningún sentido", indica Valido en un comunicado.

Para la consejera "es muy grave lo que ha dicho [el secretario de Estado] estos días enlas Islas ya que, además, no se corresponde con la verdad porque en Canarias se destinó para la financiación a la atención a la Dependencia en 2016 un total de 192 millones, de los que el Estado aportó 26 millones, o sea, el 13,86%".

En los presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2017 se consignan algo más de 142 millones para la atención a la Dependencia, a los que hay que sumar la financiación aportada por los cabildos a través de lod distintos convenios, por lo que el montante global para la atención a la Dependencia en Canarias asciende a 192 millones, asegura la Consejería en su nota.

Asimismo, Cristina Valido recuerda en su comunicado que el Parlamento regional aprobó una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno regional a defender, en el seno de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que la financiación para la Dependencia tenga un carácter finalista, ya que, en la actualidad, la financiación específica ara ello está consti-tuía por el nivel mínimo de protección, a cargo del Imserso, que supone tan solo el 19,7% a cargo del Estado.