Personas sin hogar, víctimas del maltrato doméstico, que estén en proceso de desahucio, cuenten con las medidas de protección de las administraciones públicas o que "demuestren la imposibilidad de acceder con carácter temporal" a ingresos que permitan la subsistencia de la economía familiar. Estos son los nuevos perfiles que se podrán beneficiar de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) tras la aprobación por parte del Ejecutivo regional del decreto que modifica el reglamento que regula la ley de los salarios sociales.

La portavoz y a su vez consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, subrayó que la ampliación de la cobertura de la ayuda a las personas en riesgo de exclusión social constituye uno de los acuerdos "más importantes" que ha alcanzado el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo. La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, expuso en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo del Gobierno que durante el pasado ejercicio se beneficiaron 13.560 familias de esta prestación, que contó con 45 millones de euros en las cuentas autonómicas. Para este ejercicio, los salarios sociales cuentan con 52 millones de los presupuestos, a los que se sumarán 1,5 millones. "Es un crecimiento importante y creo que suficiente", expuso Valido, "para abordar el previsible incremento de solicitudes".

Durante el tercer mes del año, la PCI alcanzó a 8.977 personas, de las que 575 fueron nuevas altas. Valido explicó que quienes se acogen a la prestación tardan una media de entre 12 y 18 meses para encontrar un empleo, si bien en muchos casos también se agotan los 24 meses que constituyen el plazo máximo para beneficiarse de la ayuda. La consejera de Empleo y Políticas Sociales indicó que entre el 50% y el 55% de quienes se acogen a esta herramienta, finalizan el itinerario sin posibilidad de insertarse por las características socioculturales que presentan.

En el decreto aprobado también se incluyen cambios en la definición y requisitos que deben cumplir las unidades de convivencia. Valido especificó que el Ejecutivo modifica el criterio de unidad familiar por el concepto de "unidad de convivencia", que abarca no solo la vivienda de una familia, sino también cualquier tipo de "espacio habitacional". De este modo, las personas que habitan en viviendas de acogidas, como puede ser el caso de las mujeres víctimas de la violencia de género, en pensiones o apartamentos por no temporalmente ningún hogar, o viviendas particulares en las que varias personas en riesgo de exclusión social compartan el alquiler, podrán acogerse a los salarios sociales, cuya cuantía oscila entre los 500 y 570 euros en función de los casos. Con el decreto, también pasan a contabilizarse dentro de la unidad familiar las personas tuteladas o en situación de acogimiento familiar, reforzando su cobertura en casos donde haya adultos con menores a su cargo.

El nuevo reglamento agilizará también el proceso de tramitación de la solicitud de la ayuda, ya que establece la gestión coordinada de los expedientes al crear un aplicativo informático común administrativo que mejorará la operatividad del sistema.

Asimismo, el Consejo de Gobierno también aprobó, entre otros asuntos, un millón de euros para el proyecto de la Metroguagua de Las Palmas de Gran Canaria, acordó solicitar un dictamen preceptivo al Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de decreto por el que se regula la Caja de Depósitos de la comunidad, y dio luz verde a un suplemento de crédito de 45 millones para dar cobertura a diferentes gastos corrientes y de inversión del Servicio Canario de la Salud. Dávila expuso también que el periodo medio en el pago global a proveedores se ha reducido a 2,9 días.