El Ejecutivo regional aprobó ayer una modificación de crédito por la que suma 45 millones más al presupuesto destinado a la Consejería de Sanidad. El importe agregado se asignará a las gerencias de Atención Primaria y Especializada del Servicio Canario de la Salud (SCS) para el pago de las compras de medicamentos (7,8 millones), la adquisición de material sanitario para los servicios esenciales y las urgencias asistenciales (33,2 millones), y la renovación de aparatos e infraestructuras como los ventiladores para las unidades de Cuidados Intensivos, electrocardiógrafos o equipamientos para programas preventivos en las islas no capitalinas (4 millones).
La portavoz y consejera de Hacienda, Rosa Dávila, explicó que el Ejecutivo ha decidido "priorizar" a la Sanidad con esta inyección de financiación. En los presupuestos para este año, la partida para el área sanitaria alcanza los 2.712,4 millones, 75 millones más que el ejercicio anterior. El SCS cuenta ahora con otros 45 millones extra gracias a la incorporación del remanente líquido de tesorería, circunstancia que ya se contemplaba en la ley de presupuestos de 2017.
Dávila también explicó que a principios de este año el Ejecutivo envió al Ministerio de Hacienda un plan de tesorería que incluía la ejecución de medidas extraordinarias para normalizar el tiempo medio en el pago de proveedores tras detectar una "desviación" en Sanidad, en manos del socialista Jesús Morera hasta que se rompió el pacto entre CC y PSOE el pasado diciembre.
Tres meses antes, el Ejecutivo activó el cierre anticipado de las cuentas por la incertidumbre que entonces existía por la posible pérdida de fondos del Estado y por el desvío presupuestario de 200 millones de la Consejería de Sanidad -142 millones de descuadre en los centros sanitarios que se sumaban al déficit generado en las direcciones de área por la actividad concertada-. La titular de Hacienda apuntó ayer que "ya no se trataba de un problema de falta de fondos, sino de gestión".
Tras superar en enero y febrero el plazo de los 30 días que marca la normativa, el Ejecutivo ha reducido el tiempo de pago a 2,9 días. En el primer mes del año, el periodo de abono de la SCS fue de 41,16 días y el de la región de 32,49.
El valor de las facturas sanitarias impagadas antes del 31 de diciembre era de 241 millones. Tras la puesta en marcha del plan, en abril ya solo quedaban pendientes de abono 6 millones de deuda, en su mayoría sin partida presupuestaria asignada. Primero se aceleró el pago de los recibos ya contabilizados (53 millones), luego se agilizó el abono de facturas en fase preliminar (67 millones), y después se dio salida a pagos pendientes sin asignación presupuestaria (121 millones). En marzo, el SCS ya pagó por debajo de los 30 días (0,91).
