Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife condenado por la Audiencia Provincial tinerfeña a siete años de prisión por malversación de caudales públicos y a nueve años de inhabilitación para ejercer cargo público, estalló ayer ante el tribunal con una declaración que no estaba prevista. "No tengo intención de fugarme; no puedo ir a ningún sitio porque ni tengo dinero ni patrimonio y, además, porque quiero a esta tierra en la que tengo un gran arraigo junto a mi familia", afirmó el exdirigente de Coalición Canaria que estuvo al frente del Ayuntamiento capitalino entre 1995 y 2011. Zerolo añadió: "Si tengo que ir a la cárcel iré, pero con la cabeza alta y la conciencia tranquila, porque no sabría explicar a mis padres o a mi mismo que soy un prófugo".

En la comparecencia judicial -conocida en el argot jurídico como vistilla- solicitada por las acusaciones para fijar medidas cautelares respecto de los seis condenados en la sentencia dictada por el procedimiento penal del caso Las Teresitas, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular solicitaron al tribunal que decretase el ingreso en prisión provisional sin fianza de cuatro de los seis reos, dado el riesgo de fuga por las elevadas penas impuestas así como "porque hay indicios más que suficientes de que tienen dinero y patrimonio oculto en el exterior", según aseveró la delegada provincial de la Fiscalía Anticorrupción, María Farnés Martínez-Frigola.

El abogado de la acción popular, José Pérez Ventura, refrendó las tesis de Farnés diciendo que los acusados han "volatilizado sus activos y patrimonio, pero como eso no puede pasar, lo deben tener oculto en algún lado".

Zerolo se dirigió a la sala durante algo más de ocho minutos. Como ya hizo en la última fase de la vista oral, el exalcalde negó que tuviera dinero o patrimonio oculto. De hecho dijo que tampoco lo tenía a la vista porque desde que fue inhabilitado por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en relación al caso García Cabrera, había tenido que "subsistir" con la ayuda de amigos. Y añadió que "algunos amigos me han querido ayudar, pero la Policía lo ha impedido llamándoles por teléfono", denunció.

Zerolo, visiblemente alterado, afirmó que había sido objeto de falsedades que "se convierten en leyendas urbanas que acaban siendo creídas por la gente, incluso por personas de buena fe".

El exdirigente nacionalista arremetió contra el letrado de la acusación popular, del que dijo que "en este caso ha hecho una acusación política". "Se ha dedicado a filtrar temas a periodistas para sus objetivos políticos. Y yo he estado callado mucho tiempo y me ha salido mal, vista la sentencia en primera instancia".

Presunción de culpabilidad

"Nunca hubo presunción de inocencia para mi, solo presunción de culpabilidad, pero cuando ya se ha dictado sentencia, injusta a mi parecer, veo que la fiscal vuelve a traer esto y la prensa que está aquí titulará que Zerolo debe tener patrimonio, pero no se sabe dónde".

"Nunca en mi vida he tenido patrimonio y seguro que de los que estamos aquí, usted [señalando a Pérez Ventura] y yo somos de los que menos patrimonio tenemos, pero yo podría decir que con tantos casos importantes que gana últimamente cómo es que no tiene patrimonio", cuestionó y añadió: "No tengo dinero oculto en ningún sitio, ni barcos, ni áticos, ni fincas".

En esta causa penal, abierta tras la querella presentada por el colectivo Ínsula Viable, que denunció la operación de compraventa de once parcelas del frente de playa por las que el Ayuntamiento capitalino pagó 52,5 millones de euros a Inversiones Las Teresitas (ILT), tres veces más de lo valorado por varias tasadoras y la propia arquitecta municipal Pía Oramas, están condenados además del exalcalde santacrucero, el exedil de Urbanismo Manuel Parejo, también a siete años de prisión; los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, socios en ILT, a cinco años y tres meses de cárcel, así como los exfuncionarios Víctor Reyes, cuatro años y seis meses, y José Tomás Martín, cuatro años de prisión.

Además, el tribunal les impuso la devolución de más de 61,7 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por el quebranto de las arcas públicas, cantidad a la que se sumarán intereses.

En la vistilla, la fiscal resaltó el "gran riesgo de fuga" de los condenados, sobre todo del exdirigente político y los dos empresarios, ante la naturaleza de los hechos, que son muy graves como demuestra la sentencia".

Farnés destacó que aunque la sentencia no es firme, eso no puede ser argumento para no dictar medidas cautelares como la prisión provisional y, "en el caso de que así no sea, se les retire el pasaporte se fije fecha para firmar en el juzgado y se advierta a las autoridades de fronteras. De hecho, Farnés evidenció que hasta el momento no ha habido riesgo de fuga, pero "hoy no han venido y aunque podían no acudir, se desconoce si los dos empresarios, están a disposición de la Administración de Justicia".

Tren de vida

La fiscal aludió al enorme patrimonio y activos que los condenados "tienen oculto" y recordó la pieza separada en la que se les investigó por cohecho y que se sobreseyó en 2011. En este sentido afirmó que en el caso de los empresarios, el riesgo de fuga deriva de que se acreditó el ocultamiento de 170 millones de euros en el caso de Plasencia y de 423 millones por parte de González.

Además, recordó cómo Zerolo llevó un alto tren de vida sin realizar movimientos en las cuentas bancarias, ni con tarjetas de crédito, y sin embargo, en esas fechas el exalcalde compró cinco coches y realizó viajes a África, Asia y América, dijo. "No sabemos cómo vivía esta familia, pero ha tenido que comer y no hay gastos", espetó. De igual manera habló de Parejo y de la empresa que su hijo tiene en República Dominicana "de la que se desconoce actividad comercial alguna más que la ampliación de capital desde el exterior, asumiendo altas comisiones". La fiscal afirmó que la empresa "se montó con 48.000 euros y en dos años tenía 1,5 millones".

"¿Cómo ha podido volatilizar Zerolo el patrimonio de más de 467.000 euros que declaró tener cuando llegó al Senado y sus activos actuales sean solo de 8.000 euros en dos cuentas?", se preguntó el abogado de la acción popular José Pérez Ventura.

El letrado enumeró las sociedades en las que Zerolo había invertido y que ahora "se ha volatilizado", dijo. "Pero como eso no puede ser, debe tenerlo oculto en algún sitio", aseveró.

El Ayuntamiento, personado como actor civil, comunicó el pasado martes la sustitución del letrado Miguel Losada por el abogado Juan Luis Estévez, quien llevó la defensa inicial del exsecretario de la Corporación, José Eugenio de Zárate, que fue absuelto. El Ayuntamiento no pensaba comparecer en la vistilla de ayer, sin embargo, cambió de idea el martes. No obstante, ayer se personó la jefa de los Servicios Jurídicos del Consistorio para adherirse a la petición del Ministerio Fiscal, pero sin pedir la ejecución provisional de la sentencia.