La fiscal, María Farnés Martínez-Frigola, y la acción popular (José Pérez Ventura, que representa a la Asociación Justicia y Sociedad) del Caso Las Teresitas piden la prisión provisional para los seis acusados, con especial incidencia para Miguel Zerolo, Antonio Plasencia, Manuel Parejo e Ignacio González.

Miguel Zerolo llegó puntual a su cita con los tribunales que deciden si restringen su libertad, a las 10:00 horas en punto de la mañana de este viernes 26 de mayo. No quiso hacer declaraciones pero su abogado sí. El letrado Jorge Muñoz confía en que "hoy se haga justicia porque no hay riesgo de fuga" por parte de su cliente. Cuestionado sobre los presuntos indicios de alzamiento de bienes, Muñoz responde que "no hay pruebas" y alienta a que si alguien la tiene alguna "que la aporte y se debatirá".

Aunque la Defensa quiso que la vista fuera a puerta cerrada, el tribunal lo deliberó y fue rechazado. Entonces, el magistrado Joaquín Astor Landete, que preside la Sección Segunda señaló que la representación letrada del Ayuntamiento ha puesto en riesgo la posible suspensión de esta vistilla al haber presentado su escrito de personación a dos días de su inicio, creando una indefensión entre las partes. Finalmente se decidió no suspenderla.

Ni Antonio Plasencia ni Ignacio González, ambos acusados, han acudido a la vistilla. La fiscal, María Farnés Martínez-Frigola, asegura no tener constancia de que ambos estén a disposición de la Administración de Justicia y además insite en el peligro de fuga de Zerolo, recordando la investigación por cohecho. Según la fiscal, el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife no tiene medios de vida conocidos porque siempre ocupó cargos públicos hasta que fue inhabilitado por el Supremo. Y señala que durante muchos meses entre 1999 y 2006 viviño con un alto nivel de vida sin usar tarjetas de crédito en comercios ni cheques ni extracciones en efectivo.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebra este viernes la comparecencia del tribunal que fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que representa a la Asociación Justicia y Sociedad, para reclamar medidas cautelares sobre los seis condenados en el procedimiento penal del caso Las Teresitas de tal forma que se pueda asegurar la ejecución provisional de la sentencia impuesta al exalcalde nacionalista de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo y al resto de condenados .

Los magistrados deben decidir si imponen una medida restrictiva de la libertad, esto es, retirada de los pasaportes, libertad provisional apud acta -firmar en el juzgado en fechas concretas y periódicas-, o dictar la libertad provisional bajo fianza. Según informaron fuentes de la judicatura, el tribunal se inclinaría más por aplicar a los condenados estas medidas cautelares en lugar de dictar la prisión provisional hasta que se resuelvan los recursos de casación que han anunciado que presentarían cuatro de los seis condenados.