El exalcalde nacionalista de la capital tinerfeña Miguel Zerolo, en libertad provisional, cumplió el martes con el auto de medidas cautelares que dictó la Audiencia Provincial el 1 de junio para los seis condenados en el caso Las Teresitas. Acudió a los juzgados para firmar y entregar un pasaporte que, según fuentes jurídicas, renovó hace dos años y no contiene sellos que acrediten salidas del territorio Schengen desde entonces.

El exdirigente nacionalista tenía tres días hábiles, a partir de la notificación del auto, para poner su pasaporte a disposición de la Administración de Justicia. La medida se estableció hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso en casación que su abogado, Jorge Muñoz, anunció que presentaría contra la sentencia que condena a su cliente a siete años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos, y a ocho años y nueve meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por el delito de prevaricación; todo ello en relación con la operación de compraventa de once parcelas del frente de la playa de Las Teresitas por 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros) que se extrajeron del remanente de la Tesorería municipal y de otros recursos del Ayuntamiento santacrucero, en septiembre de 2001.

Esa ingente cantidad de dinero, proveniente de las arcas públicas del Consistorio capitalino sirvió para pagar a la entidad mercantil Inversiones Las Teresitas (ILT), empresa en la que estaban asociados Antonio Plasencia -constructor que fue presidente de la patronal del sector- e Ignacio González -expresidente del Partido Popular de Tenerife y de la Cámara de Comercio-, un precio tres veces superior al que fijaba el mercado.

Los informes de valoración de los terrenos nunca se incorporaron al expediente de compraventa que se elevó al pleno municipal y que, por unanimidad, fue aprobado el 23 de agosto de 2001. Aquel expediente fue visado por el interventor general del Ayuntamiento y el secretario general, ambos acusados en un principio y exonerados al final de la vista oral al quedar probado que "fueron engañados" por los políticos y funcionarios condenados.

Además de Zerolo, en el procedimiento penal del caso Las Teresitas fueron condenados a cinco años los mencionados Plasencia y González como cooperadores necesarios; a cuatro años y seis meses el exfuncionario Víctor Reyes, entonces secretario de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y a cuatro años el que fuera gerente del mismo organismo José Tomás Martín. Los cuatro también ha entregado sus pasaportes y han firmado en los juzgados, circunstancia esta última que se repetirá dentro de los diez primeros días de cada mes hasta que el Supremo resuelva.

También fue condenado a siete años de prisión el exconcejal de Urbanismo santacrucero Manuel Parejo. Para él no se establecieron medidas cautelares, ya que está ingresado en el centro penitenciario Tenerife II desde el 10 de mayo para cumplir tres años de prisión por el caso Mamotreto.

El tribunal provincial, después de que quedaran exonerados siete de los acusados inicialmente, aún debe pronunciarse -en otro auto- sobre el incremento de los 26 millones de euros que aportaron los ahora condenados como fianza para hacer frente a su responsabilidad civil.

Los seis condenados deben devolver al Ayuntamiento los 52,5 millones de euros (con intereses desde que se formuló la acusación), más otros nueve millones de euros por el trasvase de aprovechamientos urbanísticos a la zona de Las Huertas. La cantidad total asciende a unos 82,4 millones.

A pesar de ello, la responsabilidad civil no solo recae sobre los seis condenados. También fueron declaradas responsables las empresas Inversiones Las Teresitas, Promotora Punta Larga y Promotora Victoria, tras las que están los dos empresarios declarados culpables. El tribunal, además, impuso las costas a los condenados, que serán elevadas teniendo en cuenta que la instrucción se prolongó durante una década.