La Audiencia Provincial de Las Palmas ha decretado libertad provisional bajo fianza de dos millones de euros para el matrimonio hispano-ruso Vladimir Kokorev acusados de ejercer como presuntos testaferros del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.

La Sección Segunda de la Audiencia ha dictado este viernes un auto en el que estima en parte el recurso de apelación interpuesto por ambos contra el acuto dictado el 9 de mayo de 2017 por el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital grancanaria, que se revoca.

Así, la Sala acuerda la libertad provisional con una fianza de dos millones de euros para cada uno de los dos investigados, que deberán también designar un domicilio en España, se les retirarán los pasaportes que pudieran disponer y tienen prohibida la salida del territorio nacional.

Además, entre las medidas cautelares impuestas, tendrán que comparecer semanalmente ante el juzgado y cuantas veces se requiera su presencia. Contra esta resolución no cabe interponer recurso.

Casi 20 meses en prisión

El matrimonio ruso y su hijo Igor permanecen recluidos en el centro penitenciario de Juan Grande, al sur de Gran Canaria, desde hace casi 20 meses tras ser detenidos por la Interpol en Panamá en octubre de 2015 y extraditados a España.

Las defensas de Vladimir Kokorev, que ejerce José Antonio Choclán y la de Yulia Maleeva, cuyo letrado es Antonio José García Cabrera, presidente de Lemat Abogados, presentaron este jueves el recurso de apelación que la Sala acaba de resolver, donde entre otros argumentos alegaron motivos humanitarios, y plantearon a la Audiencia que la prisión provisional es una medida de aplicación excepcional y a sus clientes se les acusa de un presunto delito de blanqueo de capitales, cuya pena máxima es de seis años de cárcel.

La representación legal de su hijo Igor presentará a la mayor brevedad posible un recurso también contra el auto de mayo que ratificó su encarcelamiento.

Un cuarto de la pena

En su auto, la Audiencia reconoce que en estos momentos los Kokorev tendrían cumplida más de un cuarto de la pena, lo que, a juicio de este tribunal, atenúa considerablemente el riesgo de fuga, que es el motivo fundamental por el que se mantiene la prisión provisional de los investigados.

Entienden que este riesgo de fuga, atenuado por el transcurso del tiempo que llevan entre rejas, se puede conjurar con la imposición de otras medidas menos gravosas que la prisión. De ahí que se fijan la retirada de pasaportes con prohibición de abandonar el territorio español y la citada fianza de dos millones de euros, medidas que la Audiencia considera imprescindibles, dadas las circunstancias personales de los Kokorev, que han tenido domicilios en otros países y que han manejado importantísimas cantidades de dinero.

La Sección Segunda, presidida por Pilar Parejo, estima que la cuantía de la fianza es adecuada al caso, dadas las cantidades de dinero de las que se ha dispuesto, además de que, como se dice en el recurso, "continúan siendo propietarios de dos viviendas en España, sitas en las zonas más caras" de Madrid (Paseo del Pintor Rosales) y en Las Palmas de Gran Canaria (Paseo de las Canteras).

De ello se interfiere que "tienen capacidad económica suficiente" para afrontar la fianza determinada, precisa el auto.

Las defensas de los Kokorev mostraron su satisfacción por la resolución, aunque anunciaron su intención de solicitar al juzgado una rebaja de la cuantía, ya que les parece "desproporcionada", pues son dos millones por cada uno de los investigados.