¿Por qué la Ley del Suelo supone, a su juicio, un desequilibrio a favor de los especuladores y una indefensión de los ciudadanos?
La ley establece sistemas excepcionales de planificación que pueden ir por encima de los planes insulares o territoriales ya aprobados. La forma de resolverlo es declarándolo bien de interés municipal, insular o autonómico. Los sistemas de evaluación se simplifican, con lo cual el principio de precaución que hay que tener en cualquier acción desaparece. Hay que tener en cuenta, además, que esa simplificación hace que la participación ciudadana decaiga. Antes tenía dos vueltas, porque el ciudadano podía intervenir en el primer momento en el que se tantea el proyecto y en las correcciones que se plantean luego. Ahora, en cambio, hay menos posibilidad porque solo puede intervenir una vez y al principio.
¿Se mejoró la ley tras el trámite parlamentario?
Hubo algunas mejoras, no podemos decir que no, pero lo básico e importante de la ley sigue estando, como que la Cotmac es un órgano que se desdibuja de manera clara o la intervención sobre el suelo rústico, en el que se permite una diversidad de usos importante con la consiguiente agresión. La ley no parte de un diagnóstico, sino que se habla de un mantra que es el tema de la dificultad para hacer, por ejemplo, un cuarto de aperos . Con esa excusa se cambia todo el procedimiento. En definitiva, pese a que hubo algunas mejoras, lo sustancial no se modificó y por eso nosotros seguimos en esta posición contraria.
¿Cree que la falta de consenso en su aprobación pervirtió su naturaleza?
La voluntad del Gobierno fue, precisamente, hacerla sin consenso pese a que hubo organizaciones políticas que están en el Parlamento que manifestaron que esta ley no se debía hacer así. Desde el inicio se pidió, nosotros especialmente, un mayor tiempo de participación ciudadana. En el País Vasco, para modificar las directrices se han dado tres años de plazo en los que discutir y debatir. En Canarias, en cambio, se hizo con un escaso margen: 20 días . A partir de que la gente empezó a protestar, se dieron 15 más. Nunca hubo ninguna voluntad de hacer una ley con la participación de los partidos parlamentarios ni de la ciudadanía, a la que se impidió un debate sosegado sobre un tema trascendental.
La plataforma trató de parar la ley. ¿Tienen en marcha los mecanismos para frenarla fuera de los muros del Parlamento?
Estamos elaborando el recurso de inconstitucionalidad. Supongo que antes de diciembre estará ya planteado. Además, haremos peticiones en el comité de peticiones del Parlamento europeo porque entendemos que va en contra de las directivas medioambientales de la UE. Entendemos que la riqueza de Canarias es su biodiversidad. Pero es una biodiversidad en un territorio muy frágil y pequeño, por lo que el incremento de la presión urbanística sobre las islas terminará rompiéndola.
Lo mismo que con la llamada ley de las islas verdes.
La ley de las islas verdes fue, de alguna forma, el preludio de esta Ley del Suelo. Lo que hace que Angela Merkel vaya a La Gomera no es ningún parque acuático ni delfinario. Si va es porque se conservan los aspectos medioambientales que hacen de esa isla un lugar singular. Ese es el principal atractivo que tenemos que conservar. Queremos que La Palma, La Gomero y El Hierro tengan turismo, pero un turismo que sea, como dice la UE, compatible con el respeto a la naturaleza.
¿Cuándo cree que van a empezar a aflorar las consecuencias del municipalismo que con tanto critican?
No es que haya miles de personas esperando por esas intervenciones. Lo que pasa es que éstas pueden darse en lugares donde son más vulnerables la biodiversidad y el daño puede ser absolutamente irrecuperable. La Ley del Suelo y la ley de las islas verdes están en un paquete de ideas de cómo se entiende el territorio. Es volver al desarrollismo de los años 70, 80 o 90 en Canarias donde empezó a crecer el turismo sin ningún tipo de control. Eso hizo que personas como César Manrique se pusiera delante de las palas de un tractor para evitar obras que eran excesivas. Ese movimiento hizo reaccionar a los políticos en Canarias, que decidieron unánimemente desarrollar una serie de normas que generasen un equilibrio entre turismo y medio ambiente. Lo que hace la nueva Ley del Suelo es cargarse todas esas leyes y romper esas defensas.
A su juicio, ¿la contestación social contra esta ley ha sido suficiente o, por el contrario, cree que no ha calado en la sociedad su contenido por ser una ley compleja?
En estos tiempos de inmediatez en los que estamos viviendo, a la gente le cuesta mucho adelantarse a las situaciones. Aunque cuentes a una persona lo que puede pasar, hasta que no lo ve, no reacciona. Por eso me da la impresión de que la reacción va a ser mayor cuando empiecen a ver esas consecuencias a las que me refiero. Esto no quiere decir, en cambio, que no haya habido una movilización importante de muchas organizaciones sociales, culturales como la Fundación César Manrique, o de muchos colegios profesionales. Ha habido una movilización ciudadana importante, pero no ha surgido una movilización popular potente. Durante este verano hemos estado en varios lugares comunicando en qué consiste y la percepción de la gente era importante. Sí que creemos que cuando se empiecen a concretar algunas de las acciones de esta ley, nos pueda permitir una mayor movilización porque reaccionamos más sobre lo concreto.
Los defensores de la ley aseguran que aumenta el suelo agrícola protegido.
Lo que le dicen a los agricultores ahora es que en su terreno pueden hacer otro tipo de actividades. Ahora bien, si tanta preocupación hay por la agricultura, lo lógico es que existiera una política agraria decidida que mejorara las condiciones de riego, abaratara los costes de producción y generara canales de comercialización entre la producción agraria y el sector turístico. En Canarias no tenemos una sinergia entre las diferentes actividades económicas. En vez de hacer una política que permitiera a los agricultores vivir de la agricultura, les han dicho que se dediquen a actividades complementarias, a otras cosas, porque a su sector no le van a dar acción para que puedan vivir. Ese es el verdadero mensaje de la ley del suelo cuando en realidad necesitamos mejorar la soberanía alimentaria de una manera drástica ya. Solamente estamos produciendo el 8% o el 9% de lo que consumimos.
El presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, ha destacado en varias ocasiones al referirse a la Ley del Suelo el impacto positivo que va a tener sobre el empleo. ¿Cree que será así?
Canarias lleva encadenando en los últimos años récords turísticos, pero también tiene récord de paro. Esa relación que se hace entre incremento del turismo e incremento del empleo yo no la veo claro. La experiencia que hemos visto en ese tiempo dice que a pesar de que los visitantes crece año a año, el paro sigue siendo indecente. Una de cada cuatro personas que quieren trabajar, no pueden hacerlo. Entonces, no parece que haya una relación directa. Pero además, el empleo que se está generando en el sector turístico es de muy baja calidad, precario. De hecho trabajadores del sector de la hostelería tienen que ir a Cáritas a pedir el complemento alimenticio porque no llegan a fin de mes. Si tenemos en Canarias este récord turístico y récord de paro con más de un tercio de la población con riesgo de pobreza, no entiendo cuál es el razonamiento que lleva a Clavijo a decir que la Ley del Suelo viene a mejorar el empleo.
No cree, entonces, que la Ley del Suelo beneficie al turismo.
Este verano se están viendo los límites que tiene la actividad turística con los vertidos en Tenerife, que podrían estar relacionados con las microalgas. Pero aunque no fuera así, solo el hecho de los vertidos supone precisamente que estamos sobrepasando determinados límites y que no tenemos capacidad de gestionar bien lo que estamos produciendo. La población de La Graciosa se han quejado ya de la llegada masiva de turistas, que era una invasión. En cierto modo, se empieza a generar un rechazo a los niveles de turismo que se están planteando. Por eso me parece que se están empezando a ver los límites y que la ley del suelo lo que va a hacer es reventarlos. Estamos a favor del turismo, pero de un turismo que sea equilibrado con el medio ambiente. No un turismo que por ganar cuanto antes lo máximo, terminemos al final generando imágenes como la carrera por las hamacas en el sur de Gran Canaria.
