Bruselas insta a España a revisar el 'caso Kokorev'

El Parlamento Europeo insta a España a revisar el caso Kokorev. La Eurocámara se dirigirá a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo para que se pronuncien, investiguen o tomen medidas en cuanto a la posible vulneración de derechos humanos de la familia hispano-rusa, acusada de ejercer como presuntos testaferros del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, a través de la empresa Kalunga.

El Parlamento Europeo acogió ayer un debate en la sala de conferencias del Partido Popular Europeo sobre el cumplimiento de los derechos humanos y las garantías procesales en la causa penal abierta en Canarias contra los Kokorev.

Tres miembros de esta familia fueron detenidos en 2015 en el aeropuerto de Panamá y extraditados a España. Hasta febrero del presente año sus abogados no tuvieron acceso al sumario.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas decretó este miércoles la libertad provisional de Yulia Maleeva y rebajó de dos millones a 600.000 euros la fianza impuesta por el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital grancanaria a su esposo Vladimir Kokorev, quien permanece en prisión preventiva en Juan Grande, en Gran Canaria, al igual que su hijo Igor.

La Sala revocó sendos autos dictados el 1 de agosto por la magistrada instructora, Ana de Vega, para prorrogar por dos años la reclusión de Yulia y Vladimir. En su resolución, la Audiencia advierte de que la prórroga de la prisión de la mujer "podría vulnerar" el derecho a la libertad del artículo 17 de la Constitución y del 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Los Kokorev llevan dos años entre rejas sin ser juzgados. Una situación que ayer llegó al Europarlamento, donde Antonio José García Cabrera y Álvaro Campanario, abogados de esta familia, expusieron su queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos por la dilatada investigación de este caso y alertaron del grave estado de salud de Vladimir Kokorev, de 63 años y origen judío. Solicitaron la intervención de la Unión Europea.

Como ya hicieron hace seis meses los eurodiputados Jean-Luc Schaffhauser (Francia) y Georgios Epitideios (Grecia), es ahora el italiano Fulvio Martusciello el que lidera una reclamación a la Justicia española en relación a las condiciones humanitarias de Vladimir. Bruselas pide explicaciones por la demora en la instrucción de esta causa, la prórroga de la prisión provisional -una medida excepcional- y por qué se ha impedido a los abogados defensores acceder al material informático intervenido en la investigación, entre otros asuntos.

Martusciello avanzó que expondrá el caso en el próximo pleno de la asamblea. "No es para nosotros decidir si el señor Kokorev es culpable o inocente de los cargos en su contra, es decir, que un tribunal decida. Pero lo que debe preocuparnos a todos es el hecho de que a él, a su esposa y su hijo se les niega la Justicia y el debido proceso legal", aseguró el eurodiputado, para quien el tratamiento a Vladimir Kokorev "es vergonzoso, antisemita y una afrenta a los valores básicos de la UE", según la agencia EU Reporter. Durante el acto en Bruselas el embajador de Guinea Ecuatorial ante la UE, Carmelo Nvono-Ncá, confirmó la relación comercial "real y legal" de Kalunga con el Gobierno guineano.