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La Generalitat, como Senegal

Las agencias de 'rating' preparan nuevas rebajas en la calificación crediticia de Cataluña, propia de países africanos y asiáticos, y advierten de que no podría financiarse si se desconecta de España

Las principales agencias de calificación crediticia, cuyas opiniones determinan el precio que exigen inversores y prestamistas por financiar a las Administraciones y a las empresas, preparan rebajas en la nota de solvencia del sector público catalán tras la escalada del desafío secesionista de las últimas semanas. De confirmarse, esas rebajas hundirían aún más las calificaciones de la Generalitat, las peores entre las diecisiete autonomías. Moody's, Fitch y Standard & Poor's (S & P) han alertado de que la Administración catalana no podría financiarse en el mercado si se desconecta de España, que también sufriría menoscabo económico si el conflicto se prolongase, añaden.

La deuda a largo plazo de Cataluña tiene desde hace tiempo para las agencias de rating la consideración de bono basura. Las notas actuales son las siguientes, según la nomenclatura de cada sociedad calificadora: Ba3 en Moody's y BB en Fitch, notas ambas que equivalen a desaconsejar la inversión salvo con fines especulativos; y B+ en Standard & Poor's, que indica aún mayor riesgo. Ninguna otra región reúne calificaciones tan negativas, propias de países en vías de desarrollo y con niveles de riqueza extraordinariamente bajos. Son las notas que, por ejemplo, las mismas agencias asignan a Senegal, Papúa Nueva Guinea, Bangladesh, Kenia, Sri Lanka o Bolivia. Entre los países del euro, sólo Grecia, conectada a sucesivos "rescates" financieros, tiene una calificación peor. La de España es un aprobado alto (BBB+) y por ahora no está en revisión negativa.

En los días siguientes al referéndum del día 1 de octubre, Fitch y Standard & Poor's colocó las calificaciones de crédito en revisión para posibles rebajas. Ambas agencias, al igual que días después hizo Moody's, alertó del riesgo de que los acontecimientos pusieran en peligro la capacidad de Cataluña de pagar la deuda autonómica, la más alta de España en términos absolutos (76.727 millones de euros hasta junio, el 35,4% del PIB regional).

Aunque las agencias parten de la hipótesis de que la independencia no se va a producir finalmente, la alerta enfoca hacia el riesgo de que el conflicto llegue a "erosionar el apoyo financiero español a Cataluña". Es una alusión a la alta dependencia que tiene la Generalitat de los mecanismos de apoyo del Estado para pagar a sus funcionarios, sostener los servicios públicos y responder ante los acreedores. De esa dependencia da cuenta el siguiente dato: el 68% de la deuda regional de Cataluña está sujetada por el Fondo de Liquidez Autonómica.

El Govern achaca sus dificultades económicas al presunto maltrato que recibe Cataluña en la financiación autonómica (el dinero recibido por habitante es inferior a la media española) y al desequilibrio entre lo que la región aporta en impuestos y recibe del Estado. Esa diferencia, que la Generalitat cifra en 16.000 millones al año y que otros autores rebajan a menos de 3.000, es el principal argumento económico (el supuesto "dividendo fiscal" de la independencia) que los soberanistas esgrimen en defensa de sus posiciones.

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