Canarias no quiere más situaciones de bloqueo o de 'tiempo muerto' en los asuntos de política estatal que le afectan directamente, y menos que ninguno de ellos el que se refiere al esperado proceso de reforma del sistema de financiación autonómica. El Ejecutivo de Fernando Clavijo ya lamenta en estos momentos que la crisis política e institucional en Cataluña haya provocado una prórroga, cuando menos temporal, de los Presupuestos del Estado para el 2018, en los que Canarias se juega una importante cantidad de fondos en inversión y financiación de servicios básicos, así como la congelación de la reforma del Estatuto y la de los aspectos económicos del REF, ambos pendientes de tramitación en el Congreso. Y reclama que no ocurra lo mismo con el nuevo sistema de reparto de los fondos estatales para las competencias transferidas.
Así, el Gobierno de Canarias considera que la crisis catalana no debe entorpecer el proceso iniciado hace ya unos meses en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que dispone ya de un informe preliminar elaborado por el comité de expertos sobre ese nuevo sistema de reparto, pero también que en ningún caso la posible solución a las reclamaciones catalanas interfiera en las negociaciones entre el Estado y las diferentes comunidades autónomas para pactar un nuevo modelo. De entrada, el Ejecutivo regional aplaude la decisión del Gobierno central de iniciar este mismo mes esa negociación y a cuyo efecto el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha reclamado a todos los gobiernos autonómicos la designación de un responsable para integrar una comisión en el seno del propio CPFF.
Fuentes de Moncloa aseguran que todas las comunidades autónomas han designado ya a su representante excepto precisamente Cataluña. El Gobienro central da por superada la fase de evaluación de carencias del sistema con el informe elaborado por los expertos, y ahora convoca políticamente a todas las partes para empezar a trasladar esas propuestas a un escenario real. Con todo, se da por hecho que las dificultades para un acuerdo hacen prácticamente imposible que el nuevo modelo pueda aplicarse a lo largo del próximo año. La persona designada por el Gobierno de Canarias para esta nueva fase es el viceconsejero de Hacienda, Javier Armas, perfecto conocedor del proceso previo y que estará en permanente contacto con Arturo Melián, el experto que representó a la comunidad autónoma en la fase anterior.
En la nueva etapa Canarias va a defender el planteamiento que se deriva de las conclusiones del grupo de expertos: reconocimiento de la ultraperiferia, que se excluyan los recursos del REF del nuevo sistema de computo en la distribución de fondos estatales, y la defensa "de todos aquellos aspectos diferenciados de Canarias que garanticen una adecuada financiación de las competencias que tiene la Comunidad Autónoma y que nunca se esté por debajo de la media estatal".
Sería, por tanto, una fórmula de la que se desprendan los mismos resultados pactados entre Canarias y el Estado para los presupuestos de 2017, 2018 y 2019 donde la exclusión de los recursos del REF permite a las Islas participar en el Fondo de Competitividad y le otorga 220 millones de fondos extras este mismo año, y 350 y 560 millones, respectivamente, en las dos próximas anualidades.
En todo caso, Canarias reclama que todo este proceso no se vea entorpecido excesivamente por la crisis catalana, pero sobre todo que no se vea afectado por ella en el debate de fondo sobre el reparto regional de la nueva financiación si, como se intuye, el Gobierno central propone una mejor financiación para Cataluña en el marco del debate territorial y de una posible reforma de la Constitución. El Gobierno de Canarias cree que ambas discusiones pueden ir paralelas, pero que no deben mezclarse porque afectaría al conjunto de las regiones y en especial a las que, como las Islas, están en la cola de la actual financiación.
Desde la Consejería de Hacienda se asegura que "Canarias está dispuesta a sentarse en esa mesa de negociación", pero reconociendo que ahora mismo "no se sabe cuáles son las intenciones del Gobierno de España, y tampoco qué porcentaje [de fondos de financiación] se le reserva a Cataluña".
