Poco más de una semana ha durado el beneplácito inicial de los sindicatos a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año. Todas las organizaciones representadas en la mesa general de empleados públicos de Canarias, es decir, los siete principales sindicatos de las Islas -con Comisiones Obreras (CC OO) y UGT a la cabeza-, lanzaron ayer un público y contundente mensaje al Ejecutivo regional: o se corrige el anteproyecto de ley y se eliminan las restricciones al empleo público, incluyendo en primer lugar las disposiciones que frenan el incremento de la plantilla, "o se tomarán medidas contundentes", subrayó el secretario general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT Canarias, Fran Bautista.

Hace exactamente nueve días desde que los líderes de CC OO y UGT en las Islas, Inocencio González Tosco y Gustavo Santana, salieron de la reunión del Consejo Asesor del Presidente con comedimiento pero buenas palabras hacia el anteproyecto presupuestario. "Pero faltaba entrar en los detalles", puntualizó ayer José Ramón Barroso, del Área Pública de Comisiones Obreras. Y ocurrió ayer que esos "detalles", en concreto los relativos al funcionariado de la región, llevaron a los representantes de los siete sindicatos -también Intersindical, Sepca, Cobas, CSIF y FSES-, a levantarse de la mesa general de empleados públicos por entender que el Gobierno que dirige Fernando Clavijo no tiene intención de empezar a corregir el deterioro que el empleo público sufrió a lo largo de los años más duros de la crisis. Una corrección que, entre otras necesidades, pasa por poner las bases para incrementar la plantilla en un mínimo de 8.000 nuevos trabajadores. "Y eso es el mínimo necesario", precisó Bautista.

El empleo público fue uno de los grandes damnificados de la crisis, ya que las restricciones presupuestarias obligaron a las administraciones a paralizar las contrataciones, minimizar las tasas de reposición y congelar, cuando no reducir, los emolumentos. Los sindicatos daban por descontado que el fin de la recesión, cuando menos en términos macroeconómicos, y el anuncio de unos presupuestos expansivos permitirían que se levantaran esas limitaciones que se aplican desde 2012 sobre el estatuto básico del empleado público (EBEP) bajo el argumento de la crisis. Sin embargo, las organizaciones sindicales se encontraron ayer en la mesa de negociación con una serie de medidas que no los satisfacen, hasta el punto de que dieron por rota la "paz social".

Los sindicatos reclaman, fundamentalmente, tres cuestiones: "incrementar" y "estabilizar" las plantillas en todos los sectores -sanidad, educación, servicios sociales...- "para poder dar un mejor servicio a los ciudadanos"; "estabilizar" también la jornada laboral y equipararla a la del resto del Estado; acabar con la "criminalización" de las bajas laborales -aseguraron que un funcionario de baja, sea por el motivo que sea, pierde la mitad del sueldo durante los tres primeros días de enfermedad-; y, en definitiva, finiquitar las restricciones que pesan sobre la aplicación del EBEP, entre otras la reducción del 5% en los emolumentos que se aprobó en 2010, aún con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo estatal. "No devolvérnoslo, porque eso no creo que lo vayamos a recuperar nunca, pero al menos que se elimine ya la medida", subrayó Barroso. "No es un aumento salarial lo que estamos pidiendo", insistió el representante de CC OO.

En cambio, afirman desde los sindicatos, el anteproyecto de ley de presupuestos mantiene en forma de disposiciones adicionales los condicionantes que han cercenado las plantillas públicas en los últimos ejercicios, con un capítulo 1, el de gastos de personal, "paralizado" y sin planes de recuperación.

El director general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez, reaccionó de inmediato a la demanda de los sindicatos y aseguró que las organizaciones solicitaron la convocatoria de la mesa negociadora el pasado día 17 con el objetivo de mejorar las condiciones del empleo público. "Pedimos un documento, como siempre sucede, una documentación previa sobre la que trabajar, y ese documento no se presentó en ningún momento", subrayó Rodríguez, que dijo estar "sorprendido" porque "ni siquiera se haya querido negociar".