No hay "recetas mágicas" para mejorar de repente la mala situación socioeconómica que atraviesan muchos isleños, máxime cuando se trata de un problema que la región arrastra desde hace décadas. Durante el pleno monográfico celebrado ayer en el Parlamento de Canarias a petición de todos los grupos de la oposición, a la que se sumaron también los nacionalistas, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, descartó asumir la renta básica garantizada que demandan Nueva Canarias (NC) y Podemos porque "no resuelve" el problema "estructural" que subyace en los índices de pobreza en las Islas, ni el plan de choque que también pone sobre la mesa la formación morada. En cambio, sí adelantó que al incremento de los fondos para la Prestación Canaria de Inserción (PCI) -que llegará en 2018 a 54 millones de euros- se sumará también un aumento del dinero destinado para el Plan canario contra la pobreza.
La negativa a la renta básica, en la que insistió especialmente el portavoz de NC, Román Rodríguez, y el adelanto de más recursos para el plan, que cuenta inicialmente con 15 millones de euros, fueron las dos cuestiones en que más ahondó un Clavijo que rechazó el negro panorama que las pintaron las fuerzas de la oposicion y rehuyó, al tiempo, de los grandes anuncios.
Enfrente estaban unos partidos de la oposición que llevan las riendas en instituciones como el Cabildo de Gran Canaria -donde gobiernan NC y PSOE- o el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -donde lo hace el tripartito NC-PSOE-Podemos-, o que incluso han tenido responsabilidades en el Gobierno autonómico hasta hace nada, como el PP y el PSOE. Responsabilidades de gobierno compartidas que no obstaron, sin embargo, para que se embarcasen en una carrera por ver cuál era el primero en hacer comparecer al Ejecutivo tras publicarse el último informe de la Red Europa contra la Pobreza, que calcula en un 44,6% el porcentaje de la población del Archipiélago en riesgo de pobreza y/o exclusión social. El estudio parte de datos de 2015, primero de la legislatura de Clavijo, pero aun así es empleado desde hace días como ariete por parte de la oposición contra el gobierno en minoría de CC.
No obstante, y pese a la carrera por liderar la crítica y pintar un panorama desolador, el PP optó por dejar a su presidente, Asier Antona, y a su portavoz parlamentaria y secretaria general, Australia Navarro, en la retaguardia -dando paso a la tribuna a una diputada rasa como Josefa Luzardo- y hubo desde la izquierda quien, en los pasillos de la Cámara, reconocía en petit comité que el verdadero objetivo del pleno no era analizar las causas de la pobreza sino desgastar al Ejecutivo.
Clavijo, que admitió abiertamente que "miles" de canarios viven bajo el umbral de la pobreza, sin concretar cuántos, esbozó un diagnóstico de la situación que, en lo esencial, la oposición no discutió: el problema fundamental es que las rentas familiares son de las más bajas del país, y que a esos bajos salarios se suma una dependencia de las pensiones no contributivas que no tiene parangón en ninguna otra autonomía, hasta el punto de que diez de cada cien pensiones de este tipo en todo el país se pagan en el Archipiélago. "A ver si algún gobierno del PSOE o del PP equipara las pensiones no contributivas al salario mínimo", reclamó Clavijo, que con la ayuda involuntaria de la portavoz de Podemos, Noemí Santana, y en menor medida de Román Rodríguez, aprovechó para contragolpear a los socialistas -"que aprobaron en septiembre de 2011 la reforma del artículo 135 de la Constitución que permitió fijar un techo de gasto público"- y a los populares - "que elaboraron la actual reforma laboral"- como "responsables del austericidio" que también está detrás de la pobreza.
Desde la oposición, la nueva portavoz socialista, Dolores Corujo, atacó con dureza al ejecutivo de CC a pesar de que el matrimonio entre los nacionalistas y el PSOE se rompió en diciembre tras seis años de romance. "¿Cuántas rotondas vamos a necesitar para cambiar el modelo productivo?", espetó. La portavoz puso sobre la mesa varias ideas que dijo estaban en el programa de su partido y destacó especialmente la petición de que el Ejecutivo use recursos de la Comunidad Autónoma para completar las pensiones no contributivas y que lleguen en todo caso al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una medida que cifró en 59 millones.
Clavijo, sin embargo, se mostró tajante sobre la posibilidad de que sean las arcas de la región las que completen las pensiones no contributivas. "No vamos a quitar millones de euros de Sanidad, de Educación o de Servicios Sociales para complementar las pensiones", subrayó antes de insistir en que debe ser la Administración estatal la que acometa cuanto antes esa reforma, de ahí que hiciera hasta en tres ocasiones un llamamiento para constituir un frente común y exigir al Gobierno central la equiparación de estas pensiones al SMI, llamamiento que no tuvo eco. Ademas, el jefe del Ejecutivo pidió a los diputados que se tenga en cuenta que en 2018 habrá 54 millones para la PCI, lo que permitirá 5.064 nuevos beneficiarios, y los beneficios económicos que traerán el plan de empleo social, el Fondo de Desarrollo de Canarias e incluso la Ley del Suelo.
Sea como sea, tampoco Luzardo, que tuvo que cargar con las críticas unánimes a la reforma laboral; Santana, que repartió críticas también al PSOE y al PP; o Román Rodríguez, se mostraron indulgentes. La petición unánime fue la de un plan "con medidas y financiación adecuadas", dijo Luzardo, un "plan de choque" en palabras de Rodríguez, quien, eso sí, repartió culpas entre las esferas europea, española y canaria, a cuyo presidente pidió "más acción" para "dignificar" la vida de las personas. El portavoz de NC volvió a sacar a relucir la posibilidad de una tasa turística para sufragar ese "plan de choque", una medida a la que se sumó Podemos, que acusó a Clavijo y su gabinete de "no ver la realidad".
