Trece años después de que una denuncia destapara una supuesta red de tráfico de influencia en el seno de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará el juicio por el conocido como caso Eólico. El magistrado Pedro Herrera presidirá el tribunal del jurado que iniciará sus reuniones el 13 de junio del próximo año y en el que se sentarán en el banquillo seis acusados, entre los que se encuentra el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, principal inculpado.
En el auto fechado ayer, el juez estima que el desarrollo del juicio llevará al menos cinco semanas en las que pasarán por la sala más de un centenar de testigos. Además de la acusación pública ejercida por la Fiscalía, también la Comunidad Autónoma de Canarias está personada como acusación particular y la mercantil Clean Electric 1725 ostentará la acción popular.
Los hechos que se juzgan se corresponden con el reparto de 344 megavatios de potencia eólica mediante la fórmula de concurso que acometió la Consejería de Industria cuando estaba en manos del Partido Popular (PP) y comandada por Luis Soria, hermano del exministro José Manuel Soria. Una denuncia puso a la Justicia tras la pista de una supuesta red que traficaba con información privilegiada diseñada para favorecer a varios empresarios en dicha convocatoria.
La supuesta cabeza visible era el mencionado Perdomo, para quien el fiscal Luis del Río solicita siete años de prisión por sendos delitos de violación de secretos, cohecho y malversación de caudales públicos. Además, el ministerio público propone multas superiores a los 300.000 euros y la prohibición de ejercer cargo público durante cinco años. La acusación particular estima que también existió tráfico de influencias, por lo que incrementa en medio año la petición de pena y suma otros 200.000 euros de multa.
La pareja del anterior, Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo de Gran Canaria, se enfrenta a tres años y medio por cohecho y malversación de caudales públicos, y multas superiores a los 60.000 euros. El otro trabajador público acusado es el funcionario de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias Honorato López, quien hará frente a dos años de prisión por cohecho, seis meses apartado de cualquier cargo o empleo en la Administración y 200.000 euros de multa.
En la otra orilla del supuesto cohecho se hallarían los empresarios Enrique Guzmán y José Ignacio Esquivel, para los que el fiscal solicita un año y medio de prisión, y multas de 180.000 y 150.000 euros, respectivamente, y el abogado Alfredo Briganty, que cierra la lista de acusados y también hace frente a un año y medio de cárcel, y 150.000 euros de multa. Las defensas consideran que sus representados no cometieron ninguna ilegalidad y solicitan su libre absolución.
Durante las semanas en que se ventilará el juicio, ayudarán a esclarecer los hechos en calidad de testigos personalidades como el propio Luis Soria, el exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Emilio Mayoral; el regidor actual de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, las exconsejeras de Industria del Gobierno de Canarias Francisca Luengo y Marisa Tejedor; o, del ámbito del sector eléctrico, el entonces director del sistema canario, Santiago Marín, o el máximo responsable de Endesa en el Archipiélago, Pablo Casado, entre otros.
En su auto, Pedro Herrera incide en el retraso de la causa y relata algunas circunstancias que han alimentado la demora. Entre ellas, enumera la recusación del primer magistrado designado, la abstención del sucesor, la marcha del tercero o la reciente renuncia al caso de las defensas de Perdomo y Quintana.
