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PP y CC amagan con bloquear la reforma electoral y ponen en riesgo el Estatuto

PSOE y NC confían en un acuerdo básico

PP y CC amagan con bloquear la reforma electoral y ponen en riesgo el Estatuto

PP y CC amagan con bloquear la reforma electoral y ponen en riesgo el Estatuto

La batalla por la reforma electoral canaria se ha trasladado en toda su complejidad e intensidad al Congreso de los Diputados en el marco de la tramitación del nuevo Estatuto de Canarias, que acaba de reactivarse tras casi un año de parón. Los grupos parlamentarios, que no han sido capaces durante meses de alcanzar un mínimo consenso en la comisión creada a este respecto en la Cámara regional, reproducen en la Carrera de San Jerónimo sus posicionamientos hasta el punto de que algunos diputados canarios veían ayer serio riesgo de que este asunto vuelva a frustrar la propia reforma estatutaria como ya ocurriera en el 2006.

Las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, hasta un total de 302 retoques al conjunto de los 200 artículos y tres Disposiciones transitorias de que consta el texto que va a tramitarse, han puesto en evidencia la existencia no sólo los criterios dispares entre quienes reclaman una nueva fórmula de distribución territorial de escaños del Parlamento de Canarias, sino que dejan entrever un claro amago del PP y de CC de no estar dispuestos ir más allá de lo establecido en el texto que va a tramitarse. Es decir: la rebaja de las barreras electorales de representación, del 30 al 15 % en el ámbito regional, y del 6 al 3 % en el insular.

El hecho de que ambas formaciones hayan sido las únicas en no presentar enmiendas a ninguno de los dos apartados del texto estatutario donde se habla del sistema electoral (el artículo 37 y la Disposición transitoria primera) indica claramente que no darán ningún paso que no sea tácitamente aceptado por la otra. De esta forma, dado que CC rechaza de plano todas las propuestas para acabar con la triple paridad y dar mayor representación a las islas más pobladas, parece improbable que los populares se sumen a cualquiera de las distintas propuestas que PSOE, Podemos, Nueva Carias, y Ciudadanos hacen en ese sentido, y que pretenden que esté en práctica antes de las elecciones autonómicas de 2019 en tanto el Parlamento de Canarias no apruebe una ley específica al respecto.

Aunque estas formaciones tendrían mayoría en el Congreso frente al PP y CC para forzar ya el cambio electoral, eso implicaría con toda seguridad romper el consenso básico que se busca para el conjunto de la reforma del Estatuto, lo que tanto el PSOE como NC quieren evitar. Además, populares y nacionalistas podrían provocar, con el apoyo del ASG, un acuerdo en el Parlamento de Canarias para retirar la propuesta de reforma de la carta magna canaria con la intención de eliminar de ellas la disposición que abre la puerta a la reforma electoral.

Aviso de CC

La diputada y portavoz de CC en el Congreso, Ana Oramas, se mostraba ayer convencida de que habrá un acuerdo para que Canarias logre por fin un Estatuto de segunda generación como el que tienen ya las demás comunidades autónomas, pero advertía que "las mayorías políticas que hay para lograr ese objetivo fundamental, no existen para la reforma electoral", insistiendo en que un nuevo sistema de reparto de escaños debe acordarse en las Islas en el marco de una ley específica del Parlamento regional. Aunque insistía en que el texto ahora en tramitación en el Congreso fue apoyado inicialmente sólo por CC y PSOE, con la abstención de NC, en la toma en consideración en el Congreso se sumó el PP, y que ello debería conllevar un amplio acuerdo final, con o sin reforma electoral.

El diputado socialista por Las Palmas, Sebastián Franquis, aseguraba ayer que la propuesta de su grupo -ampliar de 60 a 71 el número de escaños en el Parlamento regional; crear una circunscripción regional en la que se elegirían 10 diputados; y otorgar un escaño más a Fuerteventura, que pasaría 7 a 8- es la fórmula más operativa y de cierto consenso para poderla incluir en esta reforma estatutaria y que pueda estar en vigor en las elecciones autonómicas del 2019.

"Estamos dispuestos hablar sobre las propuestas que hagan los demás, y espero flexibilidad y voluntad política de todos para que a partir de las distintas opciones puestas sobre la mesa seamos capaces de alcanzar un acuerdo para darle a Canarias un Estatuto de segunda generación y que esté aprobado antes de las elecciones de 2019", señala Franquis. Añade que aunque "durante 35 años hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo sobre el sistema de representación", no hay excusa ahora para pactar una fórmula que cambie el sistema "porque la ley actual es un blindaje a que no pueda haber alternancia política en Canarias".

En la misma línea se expresa el diputado de NC, Pedro Quevedo, quien sin embargo cree que la lista regional no resuelve el problema de fondo de la ausencia de proporcionalidad.

La diputada de Cs por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, cuyo partido propone una ruptura total del concepto de triple paridad, asegura que "seremos tan flexibles con nuestra propuesta como lo sean los demás", pero resaltando por otro lado la finalidad de una gran parte de las 98 enmiendas de su formación para superar los elementos de inconstitucionalidad que a su juicio presenta la propuesta de reforma estatutaria salida del Parlamento canario. Cs también presenta enmiendas limitando los mandatos de cargos electos a dos legislaturas o un máximo de ocho años, y para la supresión de los aforamientos.

65 enmiendas del PP

Por su parte, el PP ha presentado un total de 65 enmiendas que suponen de facto una reescritura total del texto remitido por el Parlamento de Canarias. Aunque los populares mantenían negociaciones tanto con CC como con el PSOE para tratar de cerrar un corpus estatutario de consenso sobre aspectos como el ámbito espacial de la comunidad autónoma en relación con las aguas marítimas, la participación canaria en las competencias estatales, o el encaje del REF, finalmente ha presentado por su cuenta modificaciones sustanciales al texto que empezará a tramitarse ahora en la Comisión Constitucional.

Tanto socialistas como nacionalistas entienden que los distintos ministerios han vetado aspectos que el PP había asumido ya en las negociaciones del 2006 y que fueron incorporadas al texto remitido a las Cortes. Según la explicación de Oramas, la crisis catalana ha impedido que se celebraran reuniones para cerrar esos acuerdos y que ante el cierre del plazo de enmiendas, el PP ha optado por presentar algunas de sus planteamientos más centralistas.

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