El concejal de Obras e Infraestructura del Ayuntamiento de La Laguna, Antonio Pérez Godiño, tendrá que testificar en calidad de investigado en el caso Grúas el próximo 4 de diciembre, a tenor de la providencia de la magistrada instructora Celia Blanco. Ese mismo día, también tendrá que prestar declaración, en este caso como testigos, los técnicos municipales que estuvieron al frente del servicio de grúas durante la intervención municipal que se ha puesto en entredicho, Antonio Vera y Alejandro Cordero.

Antonio Pérez Godiño fue concejal de Seguridad Ciudadana durante los hechos que se investigan, siendo el actual presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, alcalde del municipio tinerfeño. Así, a él se le atribuye la prórroga del contrato de Autogrúas Poli por un periodo de cinco años, a pesar de que el servicio se encontraba intervenido por el Ayuntamiento debido a que las dificultades económicas por las que pasaba la empresa, a causa de situaciones sobrevenidas como la crisis o la peatonalización del casco lagunero, que hacía imposible su prestación.

El pasado martes ya testificaron los siete empresarios que adquirieron la empresa entre los años 2011 y 2015, en calidad de testigos. De esa declaración se desprendió, según afirmó uno de los denunciantes a la salida de los juzgados, que cinco de ellos reconocieron tener algún tipo de vinculación con el presidente del Gobierno.

Cabe recordar que la juez archivó el caso en junio, pero la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ordenó reabrirlo el pasado mes, al considerar que la magistrada tomó la decisión su sobreseimiento de forma "precipitada" y "sin practicar diligencias de investigación encaminadas al esclarecimiento de los hechos y personas responsables" conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además de ello, una comisión de estudio que creó el consistorio, ahora dirigido por el también nacionalista José Alberto Díaz e investigado en esta causa, determinó que la actuación fue correcta por cuanto peligraba la prestación de un servicio público esencial y, de otra parte, se llevó a cabo sin perjuicio para las arcas municipales.

Una vez termine de tomar declaraciones la juez prevé enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dada la condición de aforado de Clavijo.

El informe del fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, resulta determinante para decidir si el jefe del Ejecutivo regional deberá declarar o no ante la Sala de lo Penal.