La Comunidad Autónoma recuperará los 400 millones de euros que el Ejecutivo canario se vio obligado a desembolsar entre 2012 y 2016 por la paralización del convenio de carreteras suscrito en su día con el Gobierno central. Antes de que finalice el año, el Consejo de Ministros dará vía libre para la firma de una adenda que permitirá extender la duración del actual convenio durante tres ejercicios más, es decir, hasta 2019. Una fórmula administrativa que servirá para que esos 400 millones vuelvan a las arcas de las Islas, de donde salieron a causa de la congelación del convenio por los recortes en los presupuestos estatales durante los años de crisis y para evitar que la paralización de los acuerdos desembocara en la paralización de obras imprescindibles y ya en marcha.
El consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, se reunió ayer en Madrid con el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño, precisamente para acercar posturas sobre el nuevo convenio bilateral en materia de carreteras, un nuevo documento que, por tanto, coexistirá con la prórroga del anterior para que Canarias pueda recuperar los fondos adelantados en su día. Aunque todavía no existe una fecha concreta para que el Ministerio que dirige Íñigo de la Serna dé vía libre definitiva al nuevo pacto, la Comunidad Autónoma tiene ya garantizada la duración del mismo, que será de cuatro años con una prórroga por otros cuatro, y esto como mínimo, ya que el Ejecutivo regional seguirá negociando con Fomento hasta última hora para intentar que se añada al acuerdo tras prórroga de cuatro, lo que elevaría la duración total del convenio a 12 años.
Además, y tal como ya avanzó días atrás el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, tras la negociación telefónica mantenida con el propio De la Serna, la inversión mínima en carreteras que supondrá cada año el nuevo convenio será de 219 millones de euros, que serían 876 millones en cuatro años y la friolera de 1.752 millones de euros si finalmente el Ejecutivo autonómico consiguiera arañar el sí de Fomento a extender la duración del acuerdo hasta los ocho años. Esas cantidades, esos 876 millones en cuatro años o 1.752 en ocho, no incluyen las que se transferirían desde las arcas estatales a las del Archipiélago durante los años de posible prórroga, lo que incrementaría aún más los fondos a recibir para la red de carreteras de la región. Es más, esa cantidad anual, esos 219 millones que se consignarán en los sucesivos presupuestos generales del Estado, podrían ampliarse al término de las negociaciones hasta 250 millones, que es el objetivo que se ha marcado el Ejecutivo canario.
El nuevo convenio de carreteras Canarias-Estado incluirá en su programa tanto la finalización de obras que ya se están ejecutando como el comienzo y terminación de nuevos trabajos.
En concreto, la Consejería de Obras Públicas y Transportes tiene en su agenda dar prioridad a un total de 34 actuaciones en las carreteras de la región, entre ellas el cierre del Anillo Insular en Tenerife o el carril BUS-VAO en la autopista del norte de la misma isla y en Gran Canaria el tramo entre El Risco y Agaete en la carretera entre este último municipio y La Aldea de San Nicolás, o el soterramiento de la Avenida Marítima en la capital.
