El fiscal ha elevado un escrito de acusación al Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife en el que solicita la apertura de juicio oral contra la compañía aérea Islas Airways, el empresario y presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción Cáceres, y dos de sus hermanas: Eloísa Concepción Cáceres y Verónica Concepción Cáceres.

Según el Ministerio Público, los tres investigados "puestos en común y previo acuerdo", y con la intención de recibir del Ministerio de Fomento cantidades superiores a las que habría correspondido en virtud del Real Decreto por el que se regula la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes para los residentes en Canarias, "sistemáticamente durante los años de 2008 a 2011 remitieron a sabiendas datos que no se ajustaban a la realidad a la Dirección General de Aviación Civil", responsable del control de la aplicación y liquidación de la citada bonificación por parte de las entidades colaboradoras, como lo era Islas Airways, y de este modo "lograron que la compañía percibiera 3.418.922,66 euros que no le correspondían, según el citado escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso La Opinión de Tenerife.

El Ministerio Fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa agravada o, alternativamente, un delito continuado de fraude de subvenciones que habrían cometido como coautores los acusados. Por ello, el fiscal considera que procede imponer por el delito de estafa una pena de cuatro años de prisión así como la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de subvenciones o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el tiempo de condena, y 11 meses de multa, con una cuota diaria de 50 euros. A la compañía aérea Islas Airways, considera que debe imponerse una pena de multa de 11.400.000 euros así como la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de subvenciones o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años.

Y alternativamente, si procede entender que se pudo incurrir en un delito de continuado de fraude de subvenciones, considera que se les debe imponer a cada unbo de los acusados una pena de 3 años de prisión así como la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de subvenciones o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, así como pagar una multa de 6.900.000 euros; a Islas Airways, la pena de multa de 4.500.000 euros así como la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de subvenciones o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.