El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, se muestra tranquilo ante la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) lo llame a declarar como investigado en el llamado caso Grúas. Asegura que las decisiones que tomó en su momento como alcalde de La Laguna para salvar ese servicio, considerado esencial para el municipio, y de forma que no repercutiera en las arcas públicas "eran conformes a la ley", subrayó ayer antes de su participación en los actos del 25 aniversario del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna que instruía el caso, María Celia Blanco, lo remitió el pasado viernes a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, tal y como adelantó LA PROVINCIA/DLP, porque estima que las diligencias complementarias que la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife le ha ordenado practicar pueden afectar a un aforado, el presidente Clavijo.

El caso Grúas investiga si el equipo de gobierno del Ayuntamiento lagunero favoreció a un grupo de empresarios con los que pudiera tener relación de amistad en la adjudicación del servicio de retirada de vehículos.

La juez del caso entendió en principio que no y archivó el caso en junio, pero octubre la Audiencia provincial ordenó reabrirlo para indagar en los decretos por los que Clavijo levantó, como alcalde, los reparos expuestos por el interventor municipal a la concesión de un préstamo a la empresa concesionaria del servicio y a la prórroga de la gestión de este.

Clavijo remarcó ayer que, de una parte, la denuncia de la que se deriva ese caso "la interponen dos partidos políticos", en alusión a Unid@s se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias, y de otra, que en todo momento los procedimientos de ese expediente "se ajustaron a Derecho, porque el interés general de los ciudadanos de La Laguna es el que primó en las actuaciones". Es decir, se actuó para evitar rescatar la concesión del servicio de grúas y que con ello el Ayuntamiento asumiera las deudas y una plantilla de 22 trabajadores que se vería obligado a subrogar.

"En vez de eso, se reequilibró la concesión y ahora mismo está operando sin que le haya costado un euro a las arcas públicas", subrayó Clavijo.